La Justicia venezolana dispuso la liberación de 379 presos políticos tras aprobarse una ley de amnistía

El sistema judicial de Venezuela ordenó la excarcelación de 379 detenidos por motivos políticos luego de la sanción de una nueva ley de amnistía impulsada por el gobierno interino. La medida busca avanzar en un proceso de apertura política, aunque especialistas y familiares expresaron dudas sobre su alcance real.

La decisión judicial se conoció durante la noche del viernes, apenas un día después de que el Parlamento aprobara la normativa que habilita los beneficios. El diputado oficialista Jorge Arreaza, encargado de supervisar la implementación de la ley, informó que las liberaciones debían concretarse entre esa misma noche y la mañana siguiente, en el marco del nuevo esquema legal.

La iniciativa fue promovida por el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, conformado tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por autoridades estadounidenses. Durante un mensaje televisivo previo a las excarcelaciones, Rodríguez sostuvo que la amnistía representa un paso hacia una etapa “más democrática y justa” para el país.

Según datos de la organización Foro Penal, antes de esta medida aún permanecían cerca de 650 personas consideradas presos políticos, pese a liberaciones condicionales otorgadas previamente a unos 448 opositores. Sin embargo, expertos advirtieron que la nueva legislación podría dejar fuera a numerosos detenidos, especialmente militares acusados de delitos vinculados al terrorismo o conspiraciones.

Familiares de personas encarceladas manifestaron preocupación por la aplicación limitada del beneficio. Algunos señalaron que la amnistía no alcanza a todos los casos y cuestionaron los requisitos judiciales necesarios para acceder a la liberación, lo que podría ralentizar el proceso.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, respaldó la medida y afirmó que constituye un gesto político orientado a la estabilidad nacional, mientras que analistas remarcaron el peso de las Fuerzas Armadas dentro del escenario político venezolano. En paralelo, organizaciones civiles y especialistas legales señalaron deficiencias estructurales en la norma y advirtieron que el balance inicial genera incertidumbre sobre su impacto real en la situación de los detenidos.

Desde principios de enero, familiares y estudiantes se mantienen movilizados frente a centros de detención exigiendo avances concretos en las excarcelaciones, en un contexto político que continúa marcado por tensiones y expectativas sobre una eventual transición institucional.

PH: teletica