La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral, creado en el marco de la reforma laboral para financiar despidos de manera colectiva, sufrió una demora por decisión del Ministerio de Economía. El instrumento debía comenzar a funcionar en junio, pero el Ejecutivo priorizó preservar el equilibrio fiscal ante el costo que implicaría su implementación.
El Gobierno nacional decidió aplazar la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo impulsado dentro de la reforma laboral para cubrir indemnizaciones mediante un sistema de financiamiento colectivo. Aunque la normativa contemplaba su entrada en vigencia a partir de junio, el Ministerio de Economía todavía no publicó las disposiciones necesarias para habilitar su funcionamiento.
La medida responde principalmente a la preocupación oficial por el impacto fiscal que tendría el esquema. De acuerdo con estimaciones privadas, la constitución inicial del FAL implicaría resignar ingresos equivalentes a entre 0,4 y 0,5 puntos del Producto Bruto Interno, debido a la utilización de una porción de las contribuciones patronales para financiar el sistema.
En este contexto, fuentes oficiales señalaron que la reglamentación recién podría conocerse durante el segundo semestre de 2026. Esto abriría la posibilidad de que el fondo empiece a operar hacia finales de este año o incluso durante los primeros meses de 2027.
El nuevo esquema fue incorporado dentro de la reforma laboral aprobada a fines de febrero y también había sido mencionado en informes del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la normativa contemplaba una prórroga de hasta seis meses para su implementación, opción que finalmente fue utilizada por el Ejecutivo.
Una vez que el Ministerio de Economía publique la reglamentación general, otros organismos deberán avanzar con normas complementarias. Entre ellos se encuentran la Comisión Nacional de Valores, la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Capital Humano, debido a que el financiamiento del fondo involucra recursos provenientes de aportes patronales.
En paralelo, distintos sectores del mercado financiero siguen con expectativa la definición del esquema. Operadores bursátiles y sociedades administradoras de fondos consideran que el FAL podría movilizar más de mil millones de dólares anuales hacia el mercado de capitales argentino.
Los especialistas destacan que los aportes mensuales previstos podrían generar un flujo constante de recursos y favorecer la reaparición de inversores institucionales de largo plazo, similares a los que existían durante el funcionamiento de las AFJP. Según sostienen, esto permitiría ampliar el financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura en el mercado local.
No obstante, todavía persisten dudas sobre el destino de las inversiones que podrán realizar los fondos. Analistas financieros estiman que el Gobierno buscará direccionar parte de esos recursos hacia bonos del Tesoro para fortalecer las licitaciones de deuda pública. También se prevé que exista un porcentaje destinado a obligaciones negociables y bonos corporativos.
Mientras tanto, economistas advierten que el verdadero impacto del sistema dependerá de si logra incentivar una mayor formalización laboral. De no producirse un incremento significativo del empleo registrado, el costo fiscal del mecanismo podría transformarse en una presión adicional sobre las cuentas públicas
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