La senadora nacional presentó de manera anticipada su informe patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y el Senado, en medio de las repercusiones por la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presentación anticipada de la declaración jurada de Patricia Bullrich reactivó el debate político en torno a la transparencia patrimonial dentro del oficialismo. La senadora nacional formalizó este miércoles su documentación ante la Oficina Anticorrupción y el Senado, varios meses antes del vencimiento previsto para los funcionarios nacionales.
La decisión de Bullrich se produjo en un contexto marcado por la investigación judicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Semanas atrás, la legisladora había reclamado públicamente que el funcionario hiciera pública su situación patrimonial para despejar dudas y evitar que la controversia continúe afectando al Gobierno.
La documentación presentada por la dirigente oficialista ya figura en el registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales del Senado. Entre los pocos legisladores que ya realizaron el trámite también aparecen los senadores Flavio Fama y Alejandra Vigo. En paralelo, el diputado Damián Arabia replicó la medida en la Cámara baja.
Bullrich había cuestionado anteriormente la demora de Adorni y sostuvo que, al contar con antecedentes patrimoniales previos, la actualización de la declaración no debería demandar demasiado tiempo. Además, consideró que la rápida presentación de la documentación ayudaría a disminuir las sospechas y evitar mayores costos políticos para el oficialismo.
En medio de la polémica, el presidente Javier Milei salió días atrás en defensa del jefe de Gabinete y aseguró que la presentación de la declaración jurada sería inminente. Sin embargo, el funcionario todavía no completó el trámite requerido mientras avanza la investigación encabezada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Si bien el plazo legal para presentar la documentación fue prorrogado hasta el 30 de junio, desde distintos sectores de la oposición continúan reclamando explicaciones sobre el origen de fondos vinculados a viajes y propiedades atribuidos a Adorni.
La situación mantiene abierto un frente político para el Gobierno nacional, que en las últimas semanas intentó retomar su agenda parlamentaria en el Congreso luego de las repercusiones generadas por el caso.
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