El juez federal Ariel Lijo autorizó el acceso a información tributaria de Manuel Adorni y su esposa en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida apunta a analizar movimientos patrimoniales vinculados a una propiedad en Exaltación de la Cruz.
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el magistrado federal Ariel Lijo dispusiera el levantamiento del secreto fiscal ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). La resolución también alcanza a Bettina Angeletti, esposa del funcionario nacional, en el marco de la causa que analiza posibles inconsistencias patrimoniales.
La medida fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita y tiene como eje principal los pagos relacionados con la adquisición y remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Los investigadores buscan determinar si los fondos utilizados en esas operaciones coinciden con los ingresos declarados oficialmente por el funcionario.
Con esta decisión, la Justicia podrá acceder a documentación impositiva y registral vinculada a los bienes del matrimonio en territorio bonaerense. Entre los elementos bajo análisis figura la propiedad que, según consta en los registros, está a nombre de Angeletti.
La causa ya había tenido un avance similar semanas atrás, cuando Lijo autorizó el levantamiento del secreto fiscal y bancario ante ARCA, el organismo nacional de recaudación. Esa resolución permitió habilitar el acceso a datos financieros relacionados con cuentas, plazos fijos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles operaciones mediante billeteras virtuales.
El objetivo de los investigadores es reconstruir la evolución patrimonial del entorno familiar y contrastar la información con las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control. La causa intenta establecer si existieron movimientos económicos no justificados o posibles omisiones en la información oficial.
Uno de los elementos que impulsó nuevas medidas judiciales fue la declaración de Matías Tabar, arquitecto encargado de las refacciones de la propiedad. Según trascendió, el profesional aseguró ante la Justicia que recibió pagos en efectivo por un total de 245 mil dólares por parte del funcionario para cubrir los trabajos realizados en la vivienda.
De acuerdo con su testimonio, una parte del dinero habría sido abonada durante 2024 y el resto en 2025. Además, el arquitecto aportó conversaciones de WhatsApp mantenidas recientemente con Adorni y entregó detalles sobre las personas que participaron en la obra, incluyendo albañiles, electricistas y plomeros.
Tabar también declaró que el funcionario se comunicó con él luego de que trascendiera la investigación judicial y le habría ofrecido asistencia relacionada con su declaración. Sin embargo, el contratista afirmó que decidió rechazar cualquier tipo de contacto posterior para evitar interpretaciones sobre una posible estrategia conjunta.
Mientras avanza el expediente, la Justicia continúa reuniendo documentación fiscal y financiera para profundizar el análisis sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y su entorno familiar.
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