El Ejecutivo brindó detalles sobre el sistema de monitoreo instalado por LeoLabs y el avance de la Base Naval Integrada. Aseguró que el radar aún no está operativo y que cualquier acuerdo con otros países se regirá por controles institucionales.

En medio de cuestionamientos políticos y estratégicos, el Gobierno nacional actualizó la situación de dos iniciativas clave en el sur del país: el radar instalado en Tolhuin y el desarrollo de la Base Naval Integrada en Ushuaia. Ambas cuestiones, atravesadas por el vínculo con Estados Unidos y la cercanía con las Islas Malvinas, siguen bajo análisis oficial sin definiciones finales.

Durante su informe ante la Cámara de Diputados, la Jefatura de Gabinete informó que el sistema de rastreo espacial montado por la empresa LeoLabs todavía no se encuentra en funcionamiento. Según precisaron desde el Ministerio de Defensa, el caso continúa en evaluación y será elevado con recomendaciones técnicas y legales, priorizando el resguardo del interés nacional.

La administración nacional evitó tanto habilitar como descartar el uso del radar. En ese marco, cuestionó informes previos elaborados en la gestión anterior, al considerar que presentaban inconsistencias metodológicas. En contrapartida, se apoyó en estudios recientes de organismos como ENACOM y CONAE para afirmar que el dispositivo no posee capacidad de vigilancia sobre objetivos terrestres, marítimos o aéreos de baja altura, limitando su función al seguimiento de satélites y residuos espaciales.

Otro punto central de la aclaración oficial fue descartar una eventual injerencia del Reino Unido. Según el Gobierno, la participación británica en la empresa es marginal, no hay acceso a datos ni presencia en la conducción, y además no existen vínculos con alianzas internacionales de inteligencia. Con estos argumentos, el Ejecutivo buscó desactivar sospechas sobre posibles riesgos para la soberanía.

En paralelo, la Base Naval Integrada en Ushuaia fue ratificada como una prioridad estratégica. El proyecto apunta a fortalecer la logística antártica y consolidar la presencia argentina en el Atlántico Sur. El informe oficial detalló avances iniciales en la obra, como estudios técnicos, movimientos de suelo y trabajos de infraestructura básica, aunque reconoció que el ritmo de ejecución depende de la disponibilidad presupuestaria.

El financiamiento sigue apoyándose principalmente en el FONDEF, aunque el propio Gobierno admitió que el fondo no cuenta con asignación automática, lo que condiciona la continuidad del proyecto. Actualmente, la inversión en equipamiento estratégico representa una porción limitada del presupuesto total de Defensa.

Más allá de la posición formal, persiste la intención política de explorar mecanismos de cooperación con Estados Unidos para avanzar con la base. Si bien no se confirmó ningún acuerdo cerrado, la posibilidad de asistencia técnica internacional sigue en evaluación dentro de la estrategia oficial de fortalecer vínculos en materia de defensa y seguridad.