El Ejecutivo promulgó la nueva normativa aprobada por el Congreso y estableció modificaciones clave en la protección de glaciares y zonas periglaciares, con mayor protagonismo de las provincias en la regulación de actividades.

La actualización del marco legal sobre glaciares ya está en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial. La medida formaliza la Ley N° 27.804, sancionada a comienzos de abril, e introduce ajustes relevantes respecto a la normativa que regía desde 2010.

El decreto 271, firmado en uso de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo, confirmó la entrada en vigor de la ley a partir de este 24 de abril. La reforma redefine el alcance de la protección ambiental, enfocándola en aquellos glaciares y áreas periglaciares que cumplan funciones hídricas específicas, consideradas estratégicas como reservas de agua dulce.

Uno de los puntos centrales es la ampliación del rol de las provincias, que ahora podrán decidir qué zonas quedan bajo resguardo y en cuáles se habilitan actividades productivas, incluidas las extractivas. No obstante, cualquier iniciativa en estos territorios deberá atravesar instancias obligatorias de evaluación de impacto ambiental.

La normativa también introduce cambios en el Inventario Nacional de Glaciares, instrumento clave para el monitoreo de estos ecosistemas. El relevamiento continuará bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que tendrá la responsabilidad de actualizar la información cada cinco años, incorporando datos sobre ubicación, superficie y estado de conservación.

En cuanto a las restricciones, se mantienen prohibiciones para aquellas actividades que puedan afectar de manera significativa la estabilidad o las funciones naturales de los glaciares. Entre ellas, se incluyen intervenciones como la explotación de hidrocarburos, el desarrollo industrial o la ejecución de obras que impliquen su alteración, desplazamiento o deterioro.

PH: ahoracalafate.com.ar