El Gobierno comunicó el cierre de la amnistía a solo dos meses de su aprobación. ONG rechazan la decisión y advierten que aún hay detenidos por motivos políticos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la amnistía “llega a su fin”. No explicó cómo se aplicará la medida ni qué pasará con los casos pendientes.

La ley fue aprobada el 19 de febrero y no tenía fecha de vencimiento. Según organizaciones no gubernamentales, todavía hay 473 personas detenidas por razones políticas.

Rodríguez indicó que los casos excluidos podrán tratarse en otros espacios del Estado, como programas oficiales y una comisión para reformar la justicia penal.

El anuncio fue rechazado por ONG. Provea afirmó: “Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz”.

Acceso a la Justicia señaló que la ley sigue vigente porque no tiene plazo de finalización. También recordó que solo puede ser anulada por el Parlamento o por el Tribunal Supremo de Justicia. Por eso, consideró que la decisión del Ejecutivo viola la división de poderes.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón también criticó la medida. La calificó como un “atropello al Estado de derecho” y advirtió que genera “inseguridad jurídica”.

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Arreaza informó que más de 8.600 personas fueron beneficiadas por la amnistía. Sin embargo, las cifras varían según la fuente.

Hasta ahora, el Gobierno no publicó la lista de beneficiados, pese a los pedidos del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, y de distintas organizaciones.

El anuncio genera dudas sobre el impacto real de la medida y mantiene la tensión en el escenario político y judicial del país.

PH: Ronaldo Schemidt – AFP