Comisiones de la Senado de la Nación Argentina dieron dictamen a una iniciativa que busca ordenar la situación de miles de armas no registradas y prorrogar un programa clave de desarme.
El Congreso nacional dio un nuevo paso en el tratamiento de una iniciativa orientada a reorganizar el sistema de control de armas de fuego en el país. La propuesta obtuvo aval en comisión y se encamina a ser debatida en el recinto en las próximas semanas.
Durante el plenario, el titular del Registro Nacional de Armas, Juan Pablo Allan, cuestionó el funcionamiento actual del sistema, al considerar que los procesos administrativos resultan excesivamente burocráticos. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una digitalización que simplifique los trámites para los usuarios legales.
El proyecto también contempla la continuidad del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, una herramienta que permite a los ciudadanos desprenderse de armamento de forma anónima y sin consecuencias judiciales. La extensión prevista es por cuatro años, con el objetivo de garantizar su funcionamiento sostenido.
Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich defendió la iniciativa al destacar la importancia de la trazabilidad. Según explicó, contar con armas registradas permite identificar su origen y recorrido, lo que facilita las investigaciones en casos de delitos. Además, advirtió sobre los riesgos que implica la circulación de armamento fuera del sistema legal.
Entre los puntos centrales, el texto propone un mecanismo simplificado para regularizar la tenencia mediante una declaración digital. También establece beneficios para quienes renueven su credencial en tiempo y forma, evitando trámites adicionales ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados.
Asimismo, se fija un plazo de 360 días para que quienes posean armas sin registrar puedan normalizar su situación o entregarlas. Como incentivo, se prevé una compensación económica a través de un sistema de cupones. El procedimiento permitirá verificar cada arma mediante su número de serie y detectar posibles pedidos judiciales.
El proyecto aclara que las modificaciones se centran exclusivamente en la tenencia legal y no alteran las condiciones para la portación, que continúa restringida. De acuerdo a estimaciones oficiales, existen cerca de 800.000 armas en situación irregular en el país, lo que refuerza la necesidad de avanzar en una política integral de control.
Foto: Charly Díaz Azcue / Comunicación Senado).-
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