Un nuevo comprobante vinculado al regreso del jefe de Gabinete desde Uruguay presenta diferencias en fecha y monto, lo que profundiza la investigación judicial y las versiones contradictorias sobre quién pagó el traslado.
La investigación sobre los vuelos privados del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo elemento que genera interrogantes en torno a su viaje a Punta del Este y al financiamiento del traslado.
Se trata de una factura fechada el 9 de marzo, emitida por un intermediario del sector aeronáutico a nombre del periodista Marcelo Grandio, quien ya había afrontado el costo del vuelo de ida a través de una de sus empresas. El documento, que corresponde al trayecto de regreso, presenta inconsistencias tanto en la fecha como en el valor declarado.
Según los registros, el comprobante fue confeccionado por el broker aeronáutico Agustín Ismel Issin, quien ya figuraba en documentación previa relacionada con el caso. En febrero, había emitido otra factura vinculada a un paquete de vuelos, en el que estaría incluido el regreso del funcionario desde Uruguay.
El nuevo documento detalla únicamente el tramo realizado el 17 de febrero entre Punta del Este y San Fernando, con un costo estimado en 3000 dólares, cifra inferior al valor del vuelo de ida, que había sido de 4830 dólares. Esta diferencia, junto con la fecha de emisión posterior a la difusión pública del caso, despertó sospechas en el ámbito judicial y en el sector aeronáutico.
En este contexto, la Justicia aguarda que Grandio presente la documentación respaldatoria del pago, especialmente los registros de la transferencia correspondiente, para esclarecer la operatoria.
Las versiones sobre quién afrontó el gasto han sido cambiantes. En distintas declaraciones, el propio Grandio aseguró primero que el costo había sido cubierto por el funcionario, luego que se había dividido y posteriormente que se había abonado con fondos estatales. Sin embargo, hasta el momento no presentó pruebas que respalden esas afirmaciones.
Por su parte, Adorni sostuvo que se trató de un gasto personal, aunque tampoco exhibió comprobantes que acrediten el pago.
El intermediario involucrado confirmó su participación en la operación como broker, señalando que la empresa operadora fue AlphaCentauri, mientras que la comercialización del vuelo se habría realizado a través de la firma Jag Aviation, vinculada a su actividad en el sector.
La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien solicitó información a organismos públicos y privados, además de registros audiovisuales relacionados con el vuelo. No obstante, algunas compañías ya indicaron que no conservan imágenes por períodos superiores a 30 días.
El caso continúa sumando elementos que incrementan la presión sobre el funcionario, mientras la Justicia intenta determinar el origen de los fondos utilizados y la veracidad de las versiones presentadas.
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