El exchofer Oscar Centeno, pieza clave en el inicio de la causa Cuadernos, optó por no declarar en el juicio oral que investiga una presunta red de corrupción durante el kirchnerismo

La audiencia en el Tribunal Oral Federal 7 sumó nuevos capítulos con la comparecencia de varios imputados vinculados al expediente. Entre ellos, quien fuera chofer de Roberto Baratta decidió hacer uso de su derecho a no prestar declaración, en una causa donde sus anotaciones fueron determinantes para el avance de la investigación.

También se mantuvo en silencio el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, mientras que el exfuncionario Rafael Llorens sí accedió a responder preguntas. Durante su intervención, negó haber participado en maniobras ilegales y rechazó la posibilidad de acogerse al régimen de imputado colaborador, al sostener que no tenía hechos que admitir ni terceros a quienes involucrar.

Llorens además apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli, al señalar que le sugirió convertirse en arrepentido. Según su relato, rechazó esa propuesta y cuestionó el accionar del funcionario judicial. En su declaración, también negó haber recibido instrucciones del exministro Julio De Vido relacionadas con el cobro de sobornos.

Por su parte, Claudio Uberti, exresponsable del OCCOVI, declaró en la audiencia pero evitó contestar preguntas al alegar problemas de salud que afectarían la claridad de sus respuestas. No obstante, ratificó su condición de arrepentido y aseguró que ampliará su testimonio cuando su situación lo permita.

El juicio continuará con nuevas indagatorias en los próximos días. Entre los convocados figuran empresarios y exfuncionarios que formaron parte de áreas clave durante los años investigados, en un cronograma que se extenderá hasta fin de mes y que incluye a referentes del sector de la construcción, energía y transporte.

La causa se centra en la presunta existencia de un esquema organizado para recaudar dinero de empresas a cambio de la adjudicación de contratos públicos. En ese marco, se investigan delitos como asociación ilícita, cohecho y encubrimiento, entre otros.

De acuerdo con la agenda judicial, el 26 de marzo deberán presentarse exfuncionarios vinculados a obras públicas y representantes de distintas firmas privadas. Días después, el 31 de marzo, será el turno de empresarios y directivos de compañías relevantes, además de otros imputados ligados a la estructura investigada.

El proceso aún no tiene fechas definidas para todos los acusados, pero se espera que continúe avanzando con nuevas declaraciones en las próximas semanas, en uno de los expedientes más emblemáticos sobre presuntos hechos de corrupción en la obra pública nacional.

ph la nación