En medio de cuestionamientos públicos por los elevados salarios legislativos, senadores de distintos bloques comenzaron a impulsar negociaciones para dejar sin efecto la norma que vincula sus dietas a los aumentos salariales del personal del Congreso, un sistema que actualmente eleva sus ingresos mensuales a más de 11 millones de pesos brutos.
El debate volvió a instalarse en la agenda parlamentaria luego de que se aplicara un nuevo ajuste salarial al personal legislativo, lo que impactó automáticamente en las dietas de los miembros de la Senado de la Nación Argentina. El incremento acumulado, cercano al 11,9% entre diciembre y mayo, llevó los haberes de los senadores a alrededor de 11,5 millones de pesos brutos mensuales.
La actualización se produjo en virtud de una resolución aprobada en 2024 que estableció que los salarios de los legisladores queden atados a los acuerdos paritarios de los trabajadores del Congreso. Tras el nuevo aumento, la vicepresidenta Victoria Villarruel firmó la aplicación de la suba conforme al acta acordada entre las autoridades parlamentarias y los gremios legislativos, aunque dejó constancia de su desacuerdo con la medida.
En la resolución, Villarruel incluyó una cláusula que permite a cada senador optar por donar el incremento o percibirlo. Algunos legisladores ya comunicaron formalmente a la Presidencia del Senado su decisión de destinar el aumento a fines solidarios.
Sin embargo, dentro del cuerpo legislativo comenzó a tomar fuerza la idea de revisar el sistema que vincula automáticamente las dietas con las paritarias del personal del Congreso. El senador Pablo Cervi planteó que es necesario discutir si ese mecanismo debe continuar vigente y advirtió que cualquier modificación requerirá consenso entre los distintos bloques políticos.
En la misma línea, el senador José María Carambia cuestionó el esquema actual al señalar que los aumentos otorgados a los trabajadores legislativos terminan impactando de manera directa en las dietas de los legisladores. Según expresó, la solución sería eliminar ese “enganche” para evitar incrementos automáticos.
La polémica tiene su origen en una decisión tomada el 18 de abril de 2024, cuando el entonces senador Juan Carlos Romero impulsó un proyecto que fue aprobado rápidamente durante una sesión del Senado. La iniciativa se votó a mano alzada y sin registro nominal, y estableció el sistema que vincula las dietas con los acuerdos salariales del personal legislativo. En ese momento, los ingresos de los senadores habían pasado a ubicarse en torno a los 7,5 millones de pesos.
La propuesta contó con el acompañamiento de dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio, Pablo Blanco, Daniel Kroneberger, Lucila Crexell, Carlos Camau Espínola, Sonia Rojas Decut y Bruno Olivera Lucero, mientras que otros sectores no respaldaron la medida.
Con el paso del tiempo y ante el malestar social generado por el incremento de las dietas, los jefes de bloque acordaron con Villarruel aplicar congelamientos temporales mediante decretos. No obstante, hasta el momento el Senado no volvió a debatir formalmente la derogación del sistema que originó el problema.
En los últimos días varios legisladores comenzaron a manifestar públicamente su rechazo a los aumentos. El senador Sergio Uñac anunció que renunciará al incremento salarial y sostuvo que la dirigencia política debe actuar con responsabilidad y austeridad en un contexto económico complejo.
Una postura similar expresaron los senadores vinculados al espacio del exgobernador Gerardo Zamora, quienes consideraron que aceptar el aumento resultaría inoportuno frente a la situación que atraviesan muchas familias argentinas.
También se sumaron al rechazo los representantes del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes afirmaron que la política debe actuar con mayor austeridad y dar señales de coherencia frente a la sociedad.
Desde otros espacios parlamentarios, legisladores como Patricia Bullrich y María Emilia Orozco también manifestaron su rechazo a la suba, al considerar que el salario de los senadores se encuentra muy por encima del ingreso promedio de la población.
En paralelo, bloques como la Unión Cívica Radical y el PRO, conducidos por Eduardo Vischi y Martín Goerling Lara, también se pronunciaron en contra del aumento.
Mientras continúan las conversaciones entre los distintos sectores políticos, la posibilidad de derogar la norma aprobada en 2024 comienza a ganar espacio dentro del Senado, en un intento por encontrar una solución definitiva a la controversia generada por el sistema de actualización automática de las dietas.
Foto: NA
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