El Gobierno define su estrategia judicial ante el amparo presentado por la CGT contra la reforma laboral

El Gobierno define su estrategia judicial ante el amparo presentado por la CGT contra la reforma laboral

Tras la presentación judicial impulsada por la Confederación General del Trabajo, el Ejecutivo comenzó a organizar su defensa legal frente a los cuestionamientos a la reforma laboral recientemente promulgada. En la Casa Rosada anticipan que uno de los ejes del planteo será discutir la legitimidad de la central sindical para iniciar la demanda.

El Gobierno nacional inició el análisis del recurso de amparo presentado por la CGT con el que busca frenar algunos aspectos de la reforma laboral aprobada por el Congreso. Desde el oficialismo indicaron que el escrito está siendo revisado y que la respuesta se presentará en el momento procesal correspondiente, mientras se evalúan los argumentos legales para sostener la validez de la norma.

La acción judicial fue impulsada por la central sindical luego de que el Ejecutivo oficializara la promulgación de la ley. El planteo cuestiona principalmente el traslado de la Justicia laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, una modificación que, según la CGT, podría generar dificultades en el funcionamiento del sistema judicial y afectar miles de expedientes actualmente en trámite.

El expediente quedó radicado en el juzgado federal en lo contencioso administrativo a cargo de Enrique Lavié Pico. La presentación también objeta la asignación de determinadas causas al fuero contencioso administrativo federal, lo que, según la organización gremial, modificaría el esquema tradicional de resolución de conflictos laborales.

Dentro del Gobierno, el encargado de analizar el caso es Sebastián Amerio, exviceministro de Justicia, quien fue designado recientemente como titular de la Procuración General del Tesoro en reemplazo de Santiago Castro Videla. Este último continuará dentro del organismo en una subprocuración que será creada en los próximos días.

En el Ejecutivo consideran que la acción judicial de la CGT podría ser apenas el inicio de una serie de impugnaciones contra la reforma laboral. Por ese motivo, anticipan que podrían aparecer nuevos recursos presentados por sindicatos, organizaciones gremiales o incluso trabajadores de manera individual.

Desde la Casa Rosada sostienen que uno de los argumentos centrales de su defensa será cuestionar la legitimación de la CGT para plantear objeciones sobre cuestiones institucionales vinculadas al funcionamiento del fuero laboral. En ese sentido, aseguran que el Gobierno está dispuesto a sostener su postura en todas las instancias judiciales que correspondan, incluyendo eventuales apelaciones ante tribunales superiores.

La reforma laboral sancionada a fines de febrero introdujo cambios en diversos aspectos del régimen de trabajo, entre ellos el sistema de indemnizaciones, las modalidades de contratación y la dinámica de los convenios colectivos. Sin embargo, el primer amparo presentado por el sindicalismo se enfoca exclusivamente en las modificaciones vinculadas al esquema judicial del ámbito laboral.

En el oficialismo anticipan que el proceso judicial podría extenderse durante varios meses e incluso llegar a instancias superiores del sistema judicial, por lo que ya trabajan en una estrategia legal para sostener la constitucionalidad de la normativa.

foto de data clave