Ante la movilización convocada por la central sindical en rechazo al proyecto que debatirá el Senado, el Ministerio de Seguridad confirmó que desplegará fuerzas federales y aplicará el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación y prevenir incidentes.
Mientras el Senado se prepara para debatir la reforma laboral, el Gobierno nacional confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes durante la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para expresar su rechazo a la iniciativa del oficialismo. La decisión fue ratificada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva, con el objetivo de evitar disturbios y asegurar el orden en una jornada que se prevé multitudinaria.
La movilización contará con la adhesión de numerosos gremios y organizaciones, y estará acompañada por un importante despliegue de fuerzas federales. Según adelantaron fuentes oficiales, se dispondrán vallados y controles reforzados en puntos sensibles como la Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso, con la premisa de garantizar la libre circulación y prevenir enfrentamientos.
Desde la CGT señalaron que el acto central también funcionará como una demostración de fuerza del sindicalismo y advirtieron que, si no son escuchados, podrían avanzar hacia la convocatoria de un paro nacional. La central obrera cuestiona el contenido del proyecto y sostiene que presenta una “redacción maliciosa” que beneficia a las grandes empresas en detrimento de las pymes y de los trabajadores.
Entre los aspectos más criticados se encuentran la limitación de la autonomía sindical, la creación de un fondo de cese laboral en reemplazo del sistema tradicional de indemnizaciones y la implementación de un banco de horas, medidas que, según los gremios, implican una mayor precarización laboral. En contraposición, el oficialismo defiende la reforma como una herramienta necesaria para modernizar un mercado de trabajo con altos niveles de informalidad.
El cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, afirmó que el sindicalismo no se opone a discutir cambios en el sistema laboral, pero remarcó que cualquier iniciativa debería ampliar derechos y no recortarlos. Además, cuestionó la falta de instancias de diálogo previas a la presentación del proyecto y pidió a los gobernadores que no respalden una ley que, según advirtió, perjudica a los trabajadores.
En las últimas horas, la convocatoria sumó el apoyo de los gremios docentes universitarios. Desde CONADU anunciaron su adhesión a la protesta y anticiparon un plan de lucha con paros y movilizaciones, mientras que la Federación de Educadores Bonaerenses confirmó un paro docente para el miércoles 11 de febrero en rechazo al ajuste en educación y en reclamo por la restitución del FONID, además de su participación en la marcha impulsada por la central obrera.
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