PH: ANDIS
El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en una investigación que apunta a un presunto entramado de corrupción dentro del organismo. La resolución alcanza a otros exfuncionarios y empresarios vinculados al caso.
La Justicia federal avanzó este lunes en la causa que investiga presuntos sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En ese marco, el exdirector del organismo Diego Spagnuolo fue procesado por el delito de asociación ilícita.
La medida fue dispuesta por el juez Sebastián Casanello y también comprende a Daniel Garbellini, quien se desempeñaba como segundo de Spagnuolo en la Agencia, además de Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos con vínculos estrechos con el sector de las droguerías.
En total, el magistrado procesó a 19 personas, entre ellas exfuncionarios, empleados del organismo y empresarios privados que habrían participado con distintos roles en la estructura investigada. Casanello dispuso embargos sobre los bienes de los involucrados, con el monto más elevado correspondiente a Spagnuolo.
En su fallo, el juez sostuvo que durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional” con eje en el funcionamiento irregular de la ANDIS. Según señaló, este esquema habría operado mediante la acción coordinada de operadores externos y autoridades del organismo, actuando contra el interés general para favorecer negocios privados ilícitos.
Casanello advirtió además que la Agencia habría sido utilizada como una vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en detrimento de su misión pública vinculada a la protección y cuidado de las personas con discapacidad.
El magistrado también dejó abierta la posibilidad de que la investigación se amplíe, al considerar que el esquema delictivo podría no agotarse en los hechos ya probados. En ese sentido, mencionó indicios de que la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios habría alcanzado otras áreas y actores.
La causa continúa en desarrollo y podría derivar en nuevas medidas judiciales a partir del avance de la investigación.
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