PH: Archivo
Ante el avance de los incendios en el sur del país, el Ejecutivo definió prorrogar la emergencia vigente y analiza si habilita el debate legislativo en febrero, en un contexto de reclamos provinciales y negociaciones políticas.
El Gobierno nacional resolvió avanzar con la prórroga de la Emergencia Ígnea mediante un decreto, en respuesta a la urgencia generada por los incendios forestales que afectan a distintas zonas del sur del país. En paralelo, el oficialismo mantiene abierta la discusión sobre la posibilidad de incorporar el tema al temario de las sesiones extraordinarias previstas para febrero y definir si la extensión de la medida incluirá nuevos recursos y alcances operativos.
La decisión se terminó de delinear durante una reunión de la mesa política del oficialismo, que se desarrolló este jueves al mediodía en Casa Rosada. En ese ámbito, se evaluaron alternativas para asistir a las provincias afectadas y se analizó la agenda legislativa, con especial atención al respaldo necesario para proyectos considerados prioritarios por el Ejecutivo, como la reforma laboral. Desde el Gobierno sostienen que la emergencia será dispuesta por decreto debido a la necesidad de una respuesta inmediata.
El debate se da en medio de una creciente presión de los gobernadores patagónicos, quienes reclaman herramientas excepcionales frente a incendios que ya arrasaron unas 230.000 hectáreas. En ese marco, en Balcarce 50 reconocen que la discusión por la emergencia puede entrecruzarse con negociaciones legislativas más amplias y condicionar acuerdos en ambas cámaras del Congreso.
Como señal de asistencia concreta, el Gobierno formalizó este jueves la transferencia de más de $100.000 millones al sistema de Bomberos Voluntarios. La medida fue instrumentada a través de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad y contempla un monto total de $100.810.319.998,50, que será distribuido entre 1.062 asociaciones de primer grado. Cada entidad recibirá $94.924.971,75, destinados a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria y otros insumos vinculados al combate del fuego y la protección civil.
La normativa también prevé asignaciones adicionales para federaciones provinciales, programas de capacitación y para la Agencia Federal de Emergencias, además de establecer un esquema de desembolsos progresivos sujeto al cumplimiento de las rendiciones administrativas. En el Ejecutivo remarcan que la transferencia responde a los reclamos de las provincias, aunque admiten que no sustituye el debate de fondo que plantean los mandatarios.
El marco legal que se busca extender tiene antecedentes en el decreto 6/2022, que declaró la Emergencia Ígnea, y en su posterior prórroga mediante el decreto 2/2023, vigente hasta el 13 de enero de 2024. Si bien en el oficialismo no descartan discutir una ley, existen resistencias a que los gobernadores impongan el ritmo de la agenda parlamentaria.
En ese contexto, el Ejecutivo apunta a garantizar una respuesta operativa inmediata en las zonas afectadas sin resignar margen de negociación en el Congreso. La definición sobre si el proyecto será incluido en las sesiones extraordinarias se tomará antes del fin de semana, mientras el Gobierno insiste en que la prioridad es atender la emergencia sin demoras.
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