El Gobierno nacional intervino por un año el puerto de Ushuaia tras detectar fallas estructurales y presuntas irregularidades financieras

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso la intervención administrativa del puerto fueguino luego de inspecciones que revelaron deterioro en la infraestructura, deficiencias en seguridad y anomalías en el manejo de fondos. Prefectura Naval asumirá las tareas operativas durante el período establecido.

Tras una serie de inspecciones técnicas y administrativas, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo dependiente del Ministerio de Economía, resolvió intervenir el puerto de Ushuaia por un plazo de doce meses. La decisión se adoptó luego de manifestaciones de preocupación por parte de empresas navieras que operan en la terminal y denuncias realizadas por trabajadores, quienes alertaron sobre un presunto vaciamiento del lugar.

De acuerdo con lo informado oficialmente, las inspecciones permitieron constatar numerosas fallas en la infraestructura portuaria. Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran el faltante de pilotes en el muelle, defensas en mal estado, deficiencias en la carpeta asfáltica y un marcado deterioro en sectores estructurales. La Comisión de Inspección advirtió especialmente el deterioro del muelle comercial, con foco en el Sitio 3.

El relevamiento también expuso serias falencias en materia de seguridad. Según la disposición, se verificó la obsolescencia y discontinuidad de los sistemas de protección contra incendios, además de carencias en la señalización y el alumbrado. Estos aspectos técnicos, señalaron desde el organismo, configuran un incumplimiento grave y persistente de las condiciones que justifican la habilitación del puerto.

En paralelo, la ANPYN detectó irregularidades en la gestión administrativa y financiera, así como en las condiciones básicas de seguridad operativa. Durante el operativo, el organismo no encontró registros de ingresos, egresos ni de compras, cuya administración había sido tercerizada por el gobierno provincial en una empresa que figura como habilitada para la venta de productos como paraguas, termos y pelucas. Todas estas observaciones fueron debidamente informadas a la provincia de Tierra del Fuego.

Asimismo, se constató un uso indebido del presupuesto portuario. La normativa vigente establece que los fondos del puerto deben destinarse exclusivamente a inversiones en la propia terminal. Sin embargo, se verificó que la administración provincial utilizó el 33% del presupuesto para otorgar subsidios desde las arcas provinciales, mientras que solo el 1,3% fue destinado a obras y servicios orientados a mejorar la calidad de las prestaciones portuarias.

Ante este panorama, la Agencia concluyó que existen fundamentos suficientes para disponer la inmediata intervención administrativa en materia de infraestructura del puerto de Ushuaia. La medida fue establecida por un período inicial de doce meses y, una vez cumplido ese plazo, las autoridades evaluarán si la situación fue regularizada para levantar la disposición o si corresponde extenderla.

Durante el tiempo que dure la intervención, el puerto contará con la asistencia de la Prefectura Naval Argentina, que se hará cargo de las tareas operativas y de garantizar las condiciones de seguridad. En tanto, las principales gerencias continuarán bajo la gestión del personal fueguino, que cuenta con la capacidad técnica y el conocimiento necesarios para el funcionamiento del puerto.

Desde el organismo aclararon que la intervención no implica la transferencia de personal ni modificaciones en las relaciones laborales vigentes, sino la puesta a disposición temporal de personal idóneo para asegurar la continuidad de los servicios portuarios.

ph /argenports

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