El Gobierno oficializa el Presupuesto 2026 y refuerza controles sobre cargos y gastos

La decisión administrativa 1/2026 distribuye las partidas del presupuesto, establece estrictos requisitos para cubrir vacantes y amplía la supervisión sobre compras, obras y partidas de inteligencia.

A través de la decisión administrativa 1/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Casa Rosada oficializó la asignación de los créditos aprobados por el Congreso para el año 2026 y definió un esquema más riguroso de control sobre la gestión del gasto y la planta de personal. La medida lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Entre las disposiciones más relevantes, se establece que todas las dependencias del Estado deberán enviar trimestralmente un informe detallado sobre la evolución de su personal, incluyendo contrataciones y vacantes. Ningún cargo podrá cubrirse sin certificar previamente que está efectivamente disponible y que cuenta con el financiamiento correspondiente. Además, cualquier modificación en puestos jerárquicos requerirá aprobación presidencial y la intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, así como de la Secretaría de Hacienda, acompañada de un análisis de costos.

El nuevo marco también refuerza la supervisión sobre gastos de inteligencia, compras y obras públicas. Los organismos que manejen partidas reservadas deberán contar con la aprobación de la SIDE antes de realizar reprogramaciones o ajustes presupuestarios. Asimismo, la Dirección Nacional de Inversión Pública evaluará y aprobará previamente cualquier contratación de obras o adquisición de bienes de uso, con el objetivo de optimizar la eficiencia y la transparencia en el manejo de recursos.

Por otro lado, la decisión concentra el financiamiento de las empresas públicas no financieras en la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, evitando duplicaciones de créditos y facilitando el seguimiento de los recursos. También se determinó que los remanentes del ejercicio 2025 deben ingresarse a la Tesorería Nacional antes del 30 de octubre de 2026, salvo disposición legal en contrario.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca garantizar un control más estricto del gasto, reforzar la transparencia en la administración pública y asegurar que la ejecución del presupuesto se ajuste a los lineamientos establecidos por la Ley 27.798.

Foto: Casa Rosada