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Tras su publicación en el Boletín Oficial, comenzó a regir el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para 2026, que proyecta un resultado financiero positivo y define prioridades de gasto, límites al endeudamiento y condiciones para la ejecución de fondos.
El Gobierno nacional puso en marcha el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2026 luego de la promulgación de la Ley 27.798, aprobada por el Congreso durante el último período de sesiones extraordinarias. La norma establece los lineamientos centrales del programa económico de la gestión de Javier Milei, con el objetivo de sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
De acuerdo con el texto oficial, se prevé para el Sector Público Nacional un excedente financiero de más de $2,7 billones. Para alcanzar ese resultado, los recursos totales fueron calculados en $148,29 billones, mientras que los gastos corrientes y de capital autorizados ascienden a $148,06 billones. El esquema contempla una eventual reducción de impuestos si el superávit supera lo estimado y recortes automáticos de partidas en caso contrario.
En la asignación por finalidades, los Servicios Sociales concentran la mayor parte del presupuesto, con más de $106 billones. A continuación se ubican los compromisos por deuda pública, los Servicios Económicos, la Administración Gubernamental y las áreas de Defensa y Seguridad.
El presupuesto también fija los fondos destinados a las universidades nacionales, que recibirán $4,78 billones, aunque condicionados a la presentación de informes sobre el uso de los recursos ante la Secretaría de Educación. El incumplimiento de este requisito podría derivar en la suspensión de transferencias.
En materia previsional, se asignaron partidas para afrontar deudas judiciales y administrativas de la ANSES, así como asistencia financiera a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas al sistema nacional. Además, el Ejecutivo quedó habilitado a emitir Letras del Tesoro por hasta $70 billones y se establecieron límites al uso de crédito de corto plazo.
La ley incluye, por último, restricciones a la cobertura de vacantes en la administración pública, que requerirán autorización previa de la Jefatura de Gabinete, y mantiene beneficios impositivos para la importación de vacunas y medicamentos vinculados a programas sanitarios nacionales.
Fuente: NA
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