El Gobierno avanza con una nueva ola de privatizaciones y define el cronograma para 2026

El Gobierno avanza con una nueva ola de privatizaciones y define el cronograma para 2026

El Ministerio de Economía acelera la segunda etapa del plan de privatizaciones con licitaciones, concesiones y ventas de activos estratégicos. El objetivo es reducir la participación estatal y fortalecer las reservas con ingresos en dólares.

El Ejecutivo nacional comenzó a delinear los próximos pasos de su estrategia de privatizaciones con un calendario que combina operaciones ya concretadas, procesos en curso y llamados previstos para los primeros meses de 2026. Desde el área económica sostienen que el plan no tendrá pausas y que será una de las principales fuentes de divisas para la segunda parte de la gestión.

Como antecedente inmediato, el Gobierno aseguró ingresos por 700 millones de dólares tras la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en el Comahue. La adjudicación se definió luego del desempate entre oferentes por el complejo Cerros Colorados, y esos fondos permitirán afrontar compromisos financieros previstos para comienzos del próximo año.

En el Ministerio de Economía remarcan que el fortalecimiento de las reservas se apoyará en todas las vías disponibles, incluyendo endeudamiento externo, préstamos de organismos internacionales, exportaciones y venta de activos. El mensaje oficial apunta a sostener que el esquema para sumar dólares sigue vigente y se ejecutará de acuerdo con las condiciones del mercado.

Luego de algunas demoras iniciales, el ritmo privatizador se aceleró desde noviembre. El primer paso fue la concesión de la denominada ruta del Mercosur, a lo que se sumó la presentación de ofertas y posterior adjudicación de las represas del sur del país.

De cara al cierre del año, la agenda incluye nuevos procesos clave. El Gobierno abrió el concurso para la venta de las acciones estatales en Transener, la principal empresa transportadora de energía eléctrica, en lo que representa un paso previo hacia la privatización de Enarsa. La apertura de sobres para esta operación fue fijada para el 23 de marzo.

En materia vial, el tramo 2 del esquema de concesiones —que abarca las autopistas Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas, además de sectores de las rutas 3 y 5— tendrá su apertura de ofertas el 6 de febrero. Se trata de más de 1.800 kilómetros actualmente administrados por Corredores Viales. En paralelo, avanzan los pliegos para la reprivatización de la Vía Navegable Troncal: el período de consultas ya está en marcha y la licitación prevé la apertura de sobres el 27 de febrero, con la meta de que el proceso esté concluido antes del inicio de la temporada alta de exportaciones agrícolas.

Otro de los activos en carpeta es Intercargo, la empresa encargada de los servicios aeroportuarios, cuya privatización contempla la venta total del paquete accionario. En tanto, AYSA figura en una etapa posterior del plan: el Gobierno proyecta desprenderse del 90% de las acciones y apunta a completar el proceso antes de marzo de 2026, acompañado por una reducción de subsidios que mejore su atractivo para los inversores.

El frente ferroviario también forma parte de la estrategia oficial. Para Belgrano Cargas se espera la publicación de los pliegos en las primeras semanas del año próximo, con un esquema dividido en tres etapas: remate del material rodante, concesión de vías e inmuebles y concesión de talleres. En paralelo, el Ejecutivo impulsa obras en los trenes de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, en el marco de la emergencia ferroviaria, con la intención de revalorizar los servicios antes de una eventual privatización.

Desde el sector privado señalan que existe interés por parte de grandes exportadores de granos, empresas mineras y un operador mexicano que manifestó la posibilidad de inversiones por hasta 3.000 millones de dólares.

En el Gobierno aseguran que los ingresos derivados de estas operaciones permitirán ordenar las cuentas fiscales y el frente cambiario. También subrayan que cada proceso deberá cumplir con los pasos legales correspondientes y preservar la competitividad de los activos que salgan al mercado.

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