Avanza el decomiso de bienes en la causa Ruta del Dinero K y la Corte recibió nuevos fondos

Más de 238 mil dólares y una suma millonaria en pesos ingresaron a la órbita de la Corte Suprema como parte del proceso judicial que busca recuperar más de 60 millones de dólares vinculados al empresario Lázaro Báez.

El proceso de recuperación de activos en la causa conocida como “Ruta del dinero K” dio un nuevo paso con el ingreso de 238.720 dólares a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto con poco más de cuatro millones de pesos obtenidos por la subasta de dos aviones. La transferencia fue realizada por el Tribunal Oral Federal 4, presidido por el juez Néstor Costabel, en cumplimiento de la orden judicial de avanzar con el decomiso de los bienes vinculados al empresario Lázaro Báez.

Esta medida forma parte del operativo iniciado a comienzos de diciembre para devolver al Estado el dinero y los activos que quedaron alcanzados por la condena, una vez que la sentencia adquirió carácter firme. En ese marco, el máximo tribunal dispuso que los fondos y bienes decomisados sean inscriptos registralmente bajo su titularidad, conforme a lo establecido por el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación.

La condena dictada en abril de 2021 estableció que el monto total a decomisar ronda los 61,13 millones de dólares, distribuidos en distintas partidas que incluyen sumas de 54,87 millones, otros 5 millones, además de montos de 307.994 y 950.000 dólares. A esas cifras se agregan aproximadamente 4,17 millones de pesos, actualizados por inflación según el índice oficial del INDEC.

El fallo dispuso que, una vez firme, debía ejecutarse el decomiso sobre todos los bienes embargados. Esa decisión fue confirmada en febrero de 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó definitivamente ratificada en mayo de 2025, cuando la Corte Suprema —con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— rechazó los recursos presentados por los condenados.

El camino hacia la recuperación de los activos no estuvo exento de conflictos institucionales. La controversia se profundizó tras la sanción del Decreto 575/2025, mediante el cual el Gobierno nacional creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia para supervisar estos activos. La medida fue cuestionada porque el máximo tribunal ya había definido que el control de los decomisos corresponde a los jueces penales, en resguardo de la independencia judicial.

Frente a esta situación, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó una demanda al considerar que el decreto implicaba una intromisión en atribuciones propias del Poder Judicial. En octubre de este año, el juez federal Pablo Cayssials hizo lugar a una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto, al entender que alteraba de manera inconstitucional el sistema de administración de bienes de origen ilícito y afectaba la autonomía y la autarquía presupuestaria de la Corte Suprema.

La causa “Ruta del dinero K” determinó que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 operó una estructura criminal dedicada al lavado de activos, principalmente vinculada a Austral Construcciones, empresa dirigida por Báez. A través de la financiera SGI y un entramado de operaciones en el país y en el exterior, se logró la salida de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de 54.872.866,69 dólares.

Durante el juicio se probó que el dinero fue depositado en cuentas de bancos internacionales, muchas veces a nombre de otras personas jurídicas y en países con controles fiscales laxos. Luego, esos fondos se canalizaron mediante la compra de bonos de deuda pública que fueron liquidados en el mercado local, simulando inversiones extranjeras destinadas a la adquisición de acciones de Austral Construcciones S.A.

Además del episodio conocido como “La Rosadita”, el tribunal consideró acreditadas otras maniobras de lavado independientes, como la compra de la estancia El Carrizalejo, en la provincia de Mendoza, y de un departamento ubicado sobre la avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, por parte de Leonardo Fariña. También se incluyeron el pago de los gastos del casamiento de Fariña con la modelo Karina Jelinek y la adquisición de vehículos de alta gama, entre ellos una Ferrari California, un BMW X6 y un Audi R8 Spyder, con la participación de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.