El Gobierno presentó el proyecto del nuevo Código Penal con penas más duras y delitos imprescriptibles

La iniciativa oficial propone elevar las condenas en la mayoría de los delitos, establecer que los hechos especialmente graves no prescriban y ampliar los casos con cumplimiento de prisión efectiva. El homicidio simple, por ejemplo, pasaría a tener una pena de 10 a 30 años de cárcel.

El Gobierno avanzó con un proyecto integral para reformar el Código Penal que contempla un aumento generalizado en las penas y la imprescriptibilidad de los delitos considerados de mayor gravedad. La propuesta también modifica los criterios de liberación anticipada y redefine el alcance de la legítima defensa, además de incorporar sanciones más severas en casos de corrupción, violencia y criminalidad organizada.

Entre los cambios centrales, la iniciativa eleva la pena prevista para el homicidio simple, que pasaría de un rango actual de 8 a 25 años a uno de 10 a 30 años de prisión. Reformas similares se plantean para delitos como lesiones leves, lesiones por conducción imprudente o abuso de armas. En paralelo, se propone que el 82% de los delitos tengan cumplimiento de condena con prisión efectiva.

El proyecto establece además que ciertos delitos no prescribirán bajo ninguna circunstancia. En ese grupo se incluyen los homicidios agravados; todos los delitos sexuales —incluido el grooming—; la producción, distribución o comercialización de material de abuso sexual infantil; la corrupción de menores y la explotación sexual; la trata de personas; el secuestro extorsivo; los atentados al orden constitucional y al sistema democrático; el terrorismo y su financiamiento; y el tráfico y contrabando de estupefacientes, entre otros.

Otro aspecto relevante es la revisión del régimen de liberación anticipada. Con la reforma, delitos como homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas y reincidencia quedarían excluidos de este beneficio. Asimismo, se establece que los funcionarios públicos condenados perderán su jubilación de privilegio, mientras que las penas perpetuas dejarán de tener un límite temporal fijado.

El texto incorpora una ampliación del marco de legítima defensa y endurece el tratamiento penal de numerosas conductas. A continuación, se detallan las principales modificaciones previstas:

Homicidio simple: de 8–25 años a 10–30 años.
Homicidio agravado: mantiene prisión perpetua, pero suma nuevos supuestos.
Lesiones leves: de 1 mes–1 año a 1–3 años.
Lesiones por conducción imprudente: de 1–3 años a 2–6 años en la figura simple, y de 2–4 a 3–6 años en la agravada.
Abuso de armas: el máximo pasa de 3 a 6 años.
Pornografía infantil: de 3–6 años a 3–12 años.
Posesión de pornografía infantil: fija una escala de 4–12 años.
Privación ilegal de la libertad: de 6 meses–3 años a 1–4 años.
Trata de personas: pena máxima de 8 a 10 años; en casos agravados, de 6–15 años.
Hurto: de 1 mes–2 años a 1–3 años.
Robo simple: de 3–8 años.
Estafa: de 1–8 años más multa.
Usurpación: escala de 3–10 años.
Agresiones en manifestaciones: de 2–5 años, y de 3–9 años si la víctima es un funcionario público.
Portación de armas: mínimo de 3 años y 6 meses y máximo de 6 años y 6 meses.
Cohecho: de 3–10 años.

En cuanto al cumplimiento efectivo de la pena, la iniciativa determina que delitos como estragos agravados, robos especialmente agravados, tenencia de armas de guerra sin autorización y portación ilegal de armas de fuego de uso civil también deberán cumplir condena de manera efectiva.

Con este proyecto, el Gobierno busca introducir uno de los cambios más profundos del sistema penal en décadas, con un enfoque centrado en el aumento de penas, la limitación de beneficios judiciales y la imprescriptibilidad de los delitos más graves. Según fuentes oficiales, la propuesta será enviada al Congreso para su debate en las próximas semanas.