PH: La Ciudad Web

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad se presentó en Comodoro Py pero evitó responder preguntas. En los próximos días deberan presentarse ante la Justicia todos los acusados en un expediente que investiga direccionamiento de contratos y pedidos de sobornos.

La investigación por presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con la indagatoria de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo. El funcionario permaneció cerca de dos horas en los tribunales de Comodoro Py, aunque optó por no contestar las preguntas del juez, en una causa que pone bajo escrutinio contratos millonarios y posibles maniobras de corrupción.

El cronograma judicial continúa este jueves a las 13, cuando deberá comparecer Daniel María Garbellini. Luego será el turno de Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, citados para el 28 de noviembre. En diciembre se presentarán Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano y Andrés Horacio Arnaudo. Entre el 1 y el 5 de ese mes, completarán el listado Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

El expediente apunta a dos maniobras principales: el presunto direccionamiento de contrataciones y el pedido de coimas. La pesquisa sostiene que al menos cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— habrían sido recurrentemente favorecidas. Entre todas obtuvieron alrededor de 40 mil millones de pesos en adjudicaciones durante el último año y medio, período en el que Spagnuolo y su segundo, Garbellini, conducían la agencia.

La causa también revela nombres de personas ajenas a la estructura formal de la ANDIS que, sin embargo, contaban con acceso al sistema interno de contrataciones. Entre ellas figura Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, señalada por haber intervenido de forma indebida en decisiones administrativas.

Otro tramo sensible del expediente describe la supuesta participación de dos lobistas, Calvete y Pablo Achavajian. De acuerdo con las comunicaciones incorporadas a la investigación, ambos impartían instrucciones sobre qué proveedores debían ser beneficiados o sancionados, además de influir en los montos que se liberaban. Para la fiscalía, se trataba de una red organizada que articulaba todo el circuito de adjudicaciones dentro del organismo.