Siete países respaldan a la defensa argentina en el juicio por YPF

Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania, Rumania e Israel apoyan a Argentina ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para frenar la entrega del 51% de las acciones estatales de YPF.

Un grupo de siete países expresó su apoyo a Argentina en el juicio por YPF, buscando que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito no ratifique el fallo de la jueza Loretta Preska. Según el especialista de Latam Advisor, Sebastián Maril, Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania, Rumania e Israel presentaron escritos como “amicus curiae” para reforzar la posición argentina y proteger la soberanía económica frente a la entrega de la mayoría accionaria de la petrolera.

El caso, iniciado hace casi 20 años, tiene impacto directo en la estructura accionaria de YPF y en el patrimonio de las provincias. Por eso, los gobernadores de Mendoza, Chubut y Santa Cruz, Alfredo Cornejo, Ignacio “Nacho” Torres y Claudio Vidal, solicitaron ser querellantes, recordando que el artículo 124 de la Constitución reconoce a las provincias la propiedad originaria de los recursos naturales, mientras que la Ley de Hidrocarburos protege los yacimientos como patrimonio inalienable del Estado.

La defensa argentina, encabezada por la Procuración del Tesoro junto con un estudio de abogados estadounidense, presentó cuatro argumentos centrales: violación de la inmunidad soberana, interpretación errónea del derecho de Nueva York, inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas y violación del derecho argentino e internacional.

El calendario del juicio prevé la presentación de argumentos escritos de los beneficiarios el 14 de noviembre, mientras que Argentina deberá presentar su réplica el 12 de diciembre y solicitar la fijación de audiencia para 2026. La Procuración apunta a que los alegatos orales sobre la condena original se presenten el 29 de octubre, un paso clave para definir la cuestión de fondo del litigio.

Este respaldo internacional refuerza la estrategia argentina, que sostiene que la ejecución de la sentencia podría sentar un precedente para la protección de activos estatales en el exterior y afectar la soberanía económica del país.