PH: Gustavo Garello – AP
La Secretaria General de la Presidencia presentó un escrito ante el juez Patricio Maraniello donde reconoció que las grabaciones fueron obtenidas de forma irregular y manipuladas, pero aclaró que la medida nunca buscó ejercer censura ni ocultar pruebas en su contra.
Karina Milei desistió de mantener la cautelar que impedía a periodistas y medios difundir sus audios y solicitó al juez Patricio Maraniello que se levante la restricción. En su presentación, la Secretaria General de la Presidencia afirmó que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente, manipuladas y editadas para montar una operación contra ella y su familia. Aclaró que nunca se trató de una medida de censura previa ni de ocultamiento de contenido incriminatorio, como sostuvieron algunos sectores, y agregó que “la libertad de prensa no puede convertirse en un escudo para campañas de manipulación de la opinión pública ni para alentar la comisión de delitos como base para obtener información”.
Milei consideró que, dado que los audios ya fueron reproducidos en medios extranjeros y no afectan su seguridad, los derechos de terceros ni la seguridad nacional, la cautelar perdió sentido y se volvió abstracta. El escrito fue una respuesta a la demanda interpuesta por el periodista Jorge Fontevecchia, cuando se dictó la medida de restricción.
El origen de la causa se remonta al 1 de septiembre, cuando el juez Maraniello, a pedido del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, prohibió la difusión de los audios tras denunciar una supuesta operación ilegal de inteligencia. El Gobierno sostuvo que se trataba de un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de la democracia, basado en espionaje ilegal, edición clandestina y difusión de audios en la antesala de las elecciones legislativas, incluso con la posibilidad de que parte de las grabaciones se hubieran hecho dentro de la Casa Rosada.
Los primeros fragmentos se difundieron en el canal de streaming Carnaval, durante el programa Data Clave, donde el periodista Mauro Federico aseguró tener más de cincuenta minutos de audios de Karina Milei que serían publicados en forma progresiva. Desde el oficialismo apuntaron también al empresario Pablo Toviggino, al conductor Jorge Rial y al abogado Franco Bindi, vinculándolos con servicios de inteligencia y operadores kirchneristas, como presuntos partícipes de una red que buscaba afectar variables económicas, condicionar la campaña electoral y fomentar violencia contra funcionarios del Gobierno.
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