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El presidente justificó la decisión por el alto costo fiscal y la falta de respaldo financiero; la oposición ya analiza una sesión especial para intentar revertir el veto.

El presidente Javier Milei oficializó este miércoles el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con 158 votos afirmativos, y remitió la medida al Congreso. La normativa contemplaba la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades y hospitales universitarios, la convocatoria a paritarias docentes y no docentes y el refuerzo de becas estudiantiles.

La Casa Rosada argumentó que la ley implicaba un costo fiscal “inaceptable” y que su aplicación pondría en riesgo el superávit primario del país. Según el veto publicado en el Boletín Oficial, el proyecto no cumplía con el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige precisar con claridad las fuentes de financiamiento para cualquier aumento de gasto no previsto en el presupuesto. El Ejecutivo advirtió que los recursos planteados —mayores ingresos por recaudación o reasignación de partidas— eran insuficientes y genéricos, estimando que la implementación de la norma generaría un gasto superior a un billón de pesos en 2025, lo que solo podría cubrirse mediante emisión monetaria, con el riesgo de alimentar la inflación.

La oposición ya analiza la convocatoria de una sesión especial para el próximo miércoles con el objetivo de intentar revertir el veto, para lo cual deberá alcanzar la mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras. Además, la Casa Rosada prepara vetos a otras iniciativas aprobadas en la misma sesión de agosto, como la declaración de emergencia en pediatría y la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, cuyo plazo vence este jueves.

Impulsada por sectores del radicalismo y respaldada por rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la ley buscaba garantizar la continuidad y financiamiento de la educación universitaria pública. Con el veto, se abre un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario, así como con la oposición, que deberá definir su estrategia parlamentaria para enfrentar la decisión presidencial.