Un fallo judicial ordenó el cese inmediato de la publicación de las grabaciones difundidas desde la Casa Rosada, en medio de acusaciones oficiales sobre una presunta operación de inteligencia ilegal.
La Justicia federal resolvió prohibir que medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales continúen compartiendo los audios que se le adjudican a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, grabados en el interior de la Casa de Gobierno. La medida responde a una presentación realizada por el Ejecutivo, que denunció un intento de desestabilización política en plena campaña electoral.
En la resolución judicial, difundida por el vocero presidencial Manuel Adorni, se argumenta que la difusión de los audios representa “una violación grave a la privacidad institucional” y no un caso amparado por la libertad de expresión. El Gobierno había acudido a los tribunales el lunes a través del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, donde planteó que las grabaciones forman parte de una “operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520”.
La denuncia sostiene que los hechos configuran un entramado de espionaje ilegal y edición clandestina de material, cuya difusión pública buscó incidir en la opinión social y el escenario electoral. Además, se subraya la gravedad institucional del caso, al haberse realizado las grabaciones presuntamente dentro de la Casa Rosada.
El canal de streaming Carnaval, en el programa “Data Clave”, fue el primero en emitir los audios, con el periodista Mauro Federico asegurando contar con “más de cincuenta minutos de material” atribuido a Karina Milei. Según la presentación oficial, también estarían implicados el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quienes vinculan con operaciones de inteligencia y sectores opositores.
Mientras avanza la investigación judicial, la Casa Rosada busca determinar si las grabaciones fueron alteradas digitalmente y difundidas con intencionalidad política para afectar tanto la campaña oficialista como la estabilidad económica.


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