Con 57 votos contra 13, la Cámara Alta anuló cinco normas impulsadas por el Ejecutivo —cuatro decretos delegados y un DNU— que alcanzaban a áreas de economía, transporte, cultura, el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Marina Mercante. La oposición, junto a sectores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, impuso su mayoría y obligó al Gobierno a enviar cualquier futura reforma como proyecto de ley.

La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel y alcanzó quórum con 46 senadores presentes. La oposición, liderada por Unión por la Patria, sumó el apoyo de legisladores del PRO, la UCR y bloques provinciales, además de algunos libertarios. Más tarde se incorporó el resto del oficialismo. Aunque las cinco normas se debatieron de manera conjunta, cada una fue votada por separado y consiguió la mayoría necesaria.

Los decretos anulados eran de amplio alcance. El 462/25 de Economía proponía la disolución y transformación de organismos como el INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV. El 461/25 de Transporte reorganizaba Vialidad Nacional, la Agencia de Seguridad Vial y la CNRT. El 345/25 de Cultura afectaba al Instituto Nacional del Teatro y a la Conabip. El 351/25 reducía competencias del Banco Nacional de Datos Genéticos, mientras que el DNU 340/25 establecía un régimen de excepción para la Marina Mercante.

El oficialismo defendió las medidas a través de los senadores Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala y Juan Carlos Pagotto, quienes sostuvieron que los decretos habían sido dictados dentro de un marco legal y respondían a la necesidad de “agilizar la gestión pública, reducir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas”. Atauche cargó contra la oposición al acusarla de haber “llenado el Estado de militantes políticos”.

Desde la vereda opositora, el radical Pablo Blanco advirtió que “la arquitectura institucional del Estado no se destruye solo con leyes, sino vaciando de contenido los organismos”. La cordobesa Alejandra Vigo alertó que la eliminación de entes “corta las piernas” a las provincias. Wado de Pedro (UxP) denunció que el recorte al Banco de Datos Genéticos implicaba “volver a la Argentina de la impunidad”.

La sesión también incluyó cuestiones de privilegio. Martín Lousteau (UCR) cuestionó al Gobierno por “profundo cinismo” en el área de discapacidad, mientras que Lucía Corpacci (UxP) pidió la interpelación del ministro de Salud, Mario Lugones, por las muertes vinculadas al consumo de fentanilo adulterado.

El resultado ratificó lo ocurrido en Diputados semanas atrás y marcó un límite claro al Poder Ejecutivo: con la caducidad de las facultades delegadas de la Ley Bases el pasado 9 de julio, el Gobierno quedó obligado a canalizar cualquier reforma institucional o administrativa a través del Congreso.