La Cámara baja dio un paso clave al desestimar la impugnación presidencial, en una votación que dejó expuestas fracturas internas en distintos bloques.

Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y dos abstenciones —de las diputadas del PRO María Eugenia Vidal y Gabriela Besana—, Diputados rechazó el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada en el Senado y, de repetirse el resultado, el Poder Ejecutivo estará obligado a promulgarla. La norma declara la emergencia hasta diciembre de 2027, eleva las pensiones no contributivas al 70% del haber mínimo jubilatorio y habilita su compatibilidad con empleos formales, siempre que no superen los dos salarios mínimos.

La votación sorprendió por la adhesión de sectores heterogéneos: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y parte de la UCR sumaron apoyos de legisladores del PRO, además de Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, de La Libertad Avanza, quienes facilitaron el quórum. También acompañaron los tres diputados del bloque Independencia que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo; Sergio Acevedo y José Luis Garrido (Por Santa Cruz); Lourdes Arrieta (Transformación); Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini (Futuro y Libertad, exPRO); Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID); Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos); Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino); y las sanjuaninas María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón Martínez, alineadas con el gobernador Marcelo Orrego.

Durante el debate, la radical Natalia Sarapura sostuvo que “la inclusión de las personas con discapacidad es un desafío pendiente” y cuestionó los discursos discriminatorios provenientes de sectores de poder. En la misma línea, Mercedes de Mendieta, del Frente de Izquierda, calificó los vetos como un mecanismo “antidemocrático” que exige mayorías excesivas para ser revertidos.

La discusión se enmarca en el artículo 83 de la Constitución Nacional, que establece que un veto puede ser rechazado si las dos Cámaras lo revierten con mayoría de dos tercios. De confirmarse la postura en el Senado, el Ejecutivo deberá dar curso a una ley que, según estimaciones oficiales, tendrá un costo fiscal de entre 0,28% y 0,51% del PBI.