Ariel García Furfaro, imputado por la distribución de fentanilo contaminado que provocó más de 90 muertes, negó responsabilidades, habló de una “operación” en su contra y cuestionó el accionar de las autoridades sanitarias.

En una entrevista televisiva, el empresario aseguró que no existe prueba alguna de que las ampollas producidas por su laboratorio hayan provocado los fallecimientos, y lanzó una frase contundente: “Si tengo algo que ver, que me corten la cabeza”. Planteó que el episodio solo pudo ser producto de “una negligencia o un atentado” y reclamó que la Justicia determine cómo llegó la bacteria. También sostuvo que rechazó pedidos de coimas vinculados al PAMI, lo que —según su versión— le valió represalias, y acusó a la “SIDE berreta que maneja Caputo” de presionarlo para perjudicar a los Menem.

García Furfaro denunció que la ANMAT lo clausuró sin estudios previos y comparó su situación con la de otro laboratorio al que, dijo, le retiraron lotes contaminados sin sanciones. Aseguró que el cierre dejó a 1.500 personas sin trabajo, criticó al ministro de Salud de la Nación y afirmó que el Gobierno “será el que más pierda con esto”. Además, recordó que reclama justicia tanto por las víctimas del caso como por su hijo, Renato Nicolini, quien falleció tras un accidente de moto y una infección hospitalaria causada por bacterias resistentes.