El Tribunal Oral Federal N°4 dispuso el decomiso de más de 4 millones de dólares y 56 propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez y su hijo Martín, ambos condenados por la causa conocida como “la ruta del dinero K”. También ordenó rematar los inmuebles y transferirlos a nombre de la Corte Suprema.

La decisión judicial alcanza no solo a bienes ubicados en Argentina, sino también a cuentas bancarias en el extranjero y aviones adquiridos con fondos de origen ilícito. Entre los activos afectados figuran depósitos en entidades financieras de Suiza y Bahamas, una flota aérea y una importante cantidad de inmuebles que, según el fallo, fueron adquiridos o utilizados como parte de un entramado de lavado de dinero ligado a la obra pública en Santa Cruz.

El juez Néstor Guillermo Costabel, a cargo de la ejecución de la sentencia, ordenó la repatriación de casi tres millones de dólares desde una cuenta offshore a nombre de Eastern Shoreline Limited, y más de un millón adicional desde otra cuenta vinculada al mismo banco. Además, pidió la transferencia inmediata de casi un millón de dólares depositados en el banco suizo Lombard Odier, a nombre de una sociedad relacionada.

La resolución también incluye el remate de 56 propiedades pertenecientes a Báez y a su hijo Martín, quienes fueron condenados por el movimiento de más de 54 millones de dólares fuera del país entre 2010 y 2013. Los bienes abarcan departamentos, casas, quintas, lotes y cocheras, muchos de ellos localizados en la Argentina, aunque también hay activos en el exterior. Parte del dinero recuperado proviene de la venta de dos aeronaves valuadas en más de 4 millones de pesos.

La defensa del empresario patagónico reaccionó rápidamente al fallo, asegurando que contiene errores graves y que se confundieron sanciones económicas con medidas de decomiso. Además, cuestionaron que varios de los bienes afectados no figuran formalmente a nombre de Báez y anticiparon que apelarán la resolución ante instancias superiores.

La causa conocida como “la ruta del dinero K” se inició en 2013 tras una investigación periodística que reveló maniobras sospechosas vinculadas al lavado de fondos de la obra pública. Las pruebas, que incluyeron videos y testimonios clave, permitieron determinar la existencia de una organización criminal dedicada a transferir dinero al exterior y reinsertarlo al país mediante operaciones financieras fraudulentas. En mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Báez, cerrando así una etapa clave de una de las investigaciones por corrupción más emblemáticas de los últimos años en la Argentina.