La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito resuelve hoy si mantiene la suspensión de la orden de la jueza Loretta Preska, que dispuso la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera por una condena de US$16.100 millones. El fallo puede abrir tres caminos y el Gobierno advirtió que, si es desfavorable, acudirá a la Corte Suprema estadounidense.

El expediente tuvo un giro clave el 30 de junio, cuando la jueza Loretta Preska ordenó al país ceder las acciones de YPF como parte de pago del fallo en contra. A mediados de julio, la Cámara de Apelaciones concedió una suspensión temporal hasta que un panel de tres magistrados definiera cómo proceder.

La resolución de este martes podría derivar en tres escenarios: aceptar el pedido de suspensión formulado por la Argentina, rechazarlo —lo que obligaría a entregar los títulos para evitar un desacato— o mantenerlo condicionado a la entrega de otro activo como garantía, como bonos soberanos. En cualquiera de las dos últimas opciones, el Ejecutivo adelantó que acudirá de inmediato a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Al margen de esta definición, hay otros dos procesos en curso: la apelación contra la orden de transferencia, cuyo primer escrito vence el 25 de septiembre y que ya recibió el respaldo del Departamento de Justicia estadounidense y de gobiernos de Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay; y la apelación contra la sentencia de 2023, que tendrá audiencia la semana del 27 de octubre. En este último expediente, los demandantes aclaran que no buscan quedarse con el negocio petrolero, sino que pretenden que el país se siente a negociar.

Mientras tanto, los intereses diarios de US$2,5 millones siguen corriendo y podrían llevar la deuda a cerca de US$18.000 millones en octubre, si no se alcanza un acuerdo previo.