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A pocos días de que se cumpla el plazo judicial, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados aún no depositaron el dinero que deben reintegrar al Estado por el caso Vialidad, lo que abre la puerta a la subasta o reasignación de propiedades.

La fecha límite fijada por la Justicia es el 13 de agosto, y el monto que se reclama —tras actualización pericial— asciende a unos 540 millones de dólares, equivalentes a más de 685 mil millones de pesos. Además de Cristina Kirchner, figuran como principales condenados el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, quienes tampoco realizaron depósitos en la cuenta judicial del Banco Nación.

Si el plazo vence sin que se concrete el pago, el Tribunal Oral Federal N.° 2 avanzará con la venta en subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una acordada reciente de la Corte Suprema habilita otro destino: que parte de esos inmuebles sea utilizada por el Poder Judicial o el Consejo de la Magistratura, o se ceda a programas sociales, educativos o de salud.

Entre las propiedades bajo la lupa se encuentran departamentos en el complejo Madero Center, una unidad en la calle San José al 1100 y más de 20 inmuebles en la Patagonia. Algunos de estos bienes están embargados en otras causas, como Hotesur–Los Sauces, lo que podría derivar en una disputa legal para definir su destino.

La causa Vialidad, con sentencia firme desde 2022, determinó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron contratos de obra pública de forma fraudulenta en favor de Báez, generando un perjuicio millonario al Estado que ahora busca ser reparado