Una ampliación de la demanda colectiva por presunta estafa con criptomonedas fue presentada en Nueva York y vinculó al empresario Hayden Davis con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través de reuniones oficiales, mensajes comprometedores y contactos previos al lanzamiento del token.

Una nueva presentación judicial ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York amplió la demanda colectiva por el caso del token $LIBRA y sumó elementos que vinculan al empresario estadounidense Hayden Davis con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente argentino, al detallar reuniones en Casa Rosada autorizadas por ella, viajes de Davis a la Argentina durante 2024 y su participación en eventos vinculados al ecosistema cripto.

El escrito judicial también cita mensajes en los que Davis aseguraba haber realizado pagos a Karina Milei y haber conseguido influencia directa sobre el presidente Javier Milei, a quien, según sus propias palabras, logró convencer para que firmara y actuara conforme a sus intereses, mientras se señala una fotografía difundida por el mandatario el 30 de enero de 2025 en la que aparece junto a Davis, apenas dos semanas antes del lanzamiento del token sobre la blockchain de Solana.

La denuncia, de 110 páginas, fue presentada por los abogados Margaret Hoppin y Max Burwick ante la jueza Jennifer Rochon y está enmarcada bajo la ley RICO, un instrumento legal utilizado para perseguir esquemas de crimen organizado, al tiempo que acusa a Davis, CEO de Kelsier Ventures, y a Benjamin Chow, CEO de Meteora, de haber manipulado deliberadamente el valor inicial de $LIBRA para inflarlo artificialmente, vender sus participaciones y provocar un perjuicio económico superior a los 70 millones de dólares a pequeños inversores.

Aunque ni el presidente Milei ni funcionarios del gobierno argentino figuran formalmente como imputados, el documento sostiene que existió una “infraestructura depredadora” montada con acceso privilegiado al poder político y recursos públicos para legitimar el proyecto ante la opinión pública, en una causa que continúa como demanda colectiva y que tiene fijada una audiencia clave para el próximo 19 de agosto.