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Un reciente informe de UNICEF revela que la pobreza infantil en Argentina bajó significativamente durante el segundo semestre de 2024, aunque el organismo advierte que las brechas sociales, educativas y territoriales siguen siendo profundas y preocupantes.
Un nuevo reporte elaborado por UNICEF Argentina señala que la tasa de pobreza infantil cayó del 67% al 52,7% entre la primera y segunda mitad de 2024, lo que significa que aproximadamente 1,7 millones de niños y niñas dejaron de vivir bajo la línea de pobreza monetaria. Esta tendencia positiva continúa durante el 2025, con proyecciones que estiman que para el primer semestre la pobreza infantil rondará el 47,8%, mientras que la indigencia afectaría al 9,3% de los menores.
A pesar de estos avances, UNICEF alerta que la situación aún es crítica, dado que más de la mitad de la población infantil se encuentra en condiciones de vulnerabilidad económica. El informe subraya que las transferencias monetarias a familias fueron fundamentales para mitigar la pobreza extrema, evitando que un millón más de niños cayera en indigencia durante la segunda parte de 2024. Sin embargo, advierte que estos programas sociales, si no están acompañados de mejoras en áreas clave como la salud, la educación y la primera infancia, no bastan para resolver las desigualdades estructurales que afectan a la infancia.
Entre las preocupaciones que destaca el organismo internacional se encuentran los recortes en el presupuesto destinado a la protección social, que en los primeros meses de 2025 registraron disminuciones del 35% en becas escolares, 21% en salud y 50% en programas de primera infancia. Además, la pobreza se concentra especialmente en hogares donde el jefe o jefa no completó la educación primaria, alcanza un 72,3% en barrios populares y afecta de forma más severa a los niños en hogares monoparentales liderados por mujeres y a aquellos que viven en situaciones laborales informales.
UNICEF insiste en que para lograr un desarrollo pleno y equitativo de la niñez, es indispensable no solo mantener, sino también fortalecer las políticas públicas integrales que garanticen el acceso a servicios básicos y una mejor calidad de vida para todos los niños y niñas del país.


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