El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz rechazó los pedidos para trasladar la causa a Mar del Plata o Comodoro Py. Cuatro exoficiales de la Armada enfrentan cargos por el hundimiento del submarino, mientras que aún no hay responsables políticos imputados.

La causa por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que causó la muerte de sus 44 tripulantes, seguirá tramitándose en la provincia de Santa Cruz. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal con sede en esa jurisdicción, al ratificar su competencia y desestimar los pedidos de cambio de fuero presentados por algunas de las partes. El tribunal consideró que, al haberse producido la implosión del submarino al sur del límite entre Chubut y Santa Cruz, corresponde que el proceso se mantenga en Caleta Olivia, donde se inició la instrucción.

Los exjefes navales Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa irán a juicio por presuntas negligencias en el ejercicio de sus funciones. Están acusados de incumplimiento y omisión de deberes, además de estrago culposo agravado por el resultado fatal. La decisión judicial resalta que, más allá del lugar en que se hayan tomado decisiones operativas —como Buenos Aires o Mar del Plata—, el hecho tuvo consecuencias dentro de la jurisdicción federal de Santa Cruz, lo que justifica su competencia.

El fallo también advirtió que un eventual cambio de jurisdicción en esta etapa implicaría una revictimización para los familiares, quienes desde hace años reclaman justicia. A pesar de que existen denuncias contra el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur, por ahora no se han formulado cargos formales contra ellos. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ya había ordenado que se investigue si tenían conocimiento previo del ejercicio naval en el que participaba el ARA San Juan al momento de su hundimiento, pero ese tramo de la causa continúa sin avances concretos.

El submarino fue hallado un año después de su desaparición, a más de 900 metros de profundidad, en el Atlántico Sur. El caso, que generó fuerte conmoción pública, sigue siendo un dolor abierto para las familias y una deuda pendiente en la búsqueda de verdad y justicia.