Una medida cautelar dictada por la Justicia federal frena por seis meses el decreto que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos vinculados. El Ejecutivo confirmó que apelará la decisión luego de la feria judicial para continuar con la reestructuración.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Martina Forns, ordenó suspender por seis meses la vigencia del decreto 461/2025 que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Esta medida cautelar fue dictada tras una demanda presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que cuestionó la legitimidad del decreto y argumentó que el Ejecutivo no tenía facultades para eliminar estos organismos.

La jueza ordenó al Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo vinculado al decreto, incluyendo traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad o la supresión de estructuras relacionadas con Vialidad. Esta resolución protege a más de 5.100 empleados públicos afectados, quienes estaban previstos para pasar a disponibilidad con goce de sueldo durante un año, con la posibilidad de capacitación, reubicación y realización de servicios tercerizados. Para quienes no sean reubicados, el plan oficial contempla una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses.

Desde el Gobierno anunciaron que apelarán la medida cautelar, con la intención de presentar el recurso tras la feria judicial, que se extenderá desde el 21 de julio hasta el 1 de agosto. La Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Santiago Castro Videla, lidera la defensa judicial en coordinación con la Secretaría Legal y Técnica y el Ministerio de Justicia.

El Ejecutivo sostiene que seguirá adelante con la reestructuración de la Secretaría de Transporte y las obras públicas, buscando mejorar la gestión y la eficiencia del organismo. La disputa judicial refleja la tensión entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos sobre el alcance de las facultades administrativas y la protección de los derechos laborales de los trabajadores estatales.