El bloque opositor de Unión por la Patria anunció que impulsará en el Congreso la derogación de los decretos que modificaron el funcionamiento de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario. Acusan al Ejecutivo de excederse en sus atribuciones, ya que la seguridad fue excluida de las facultades delegadas en la Ley Bases.

En medio de la polémica por el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para reorganizar áreas sensibles del Estado, Unión por la Patria anunció que avanzará con un proyecto legislativo para derogar los decretos que reformaron el esquema de las fuerzas federales. Se trata de los DNU 454, 455, 456 y 457/2025, que introdujeron cambios estructurales en la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

El diputado José Glinski, vicepresidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Interior, afirmó que el bloque opositor llevará el debate al recinto apenas se reanuden las sesiones tras el receso de julio. En particular, buscarán anular el DNU que reestructura la Policía Federal, el único que ya cumplió los plazos para ser tratado en el Congreso.

Durante una reunión de comisión, varios legisladores del peronismo señalaron que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso, ya que la Ley Bases —a la que se le atribuyen las facultades delegadas que permitieron los decretos— excluyó explícitamente la emergencia en materia de seguridad. «Estas reformas no respetan el marco legal aprobado por el Congreso», sostuvo Glinski, quien remarcó además la importancia del debate legislativo como espacio para consensuar políticas sensibles.

Desde el oficialismo, el Ministerio de Seguridad defendió los cambios como parte de una modernización necesaria y una decisión amparada en las herramientas otorgadas por la ley. “La PSA cuida los aeropuertos, Gendarmería protege nuestras fronteras, Prefectura controla nuestros ríos. Simplemente estamos organizando lo que durante décadas nadie se animó a ordenar”, había dicho Patricia Bullrich al momento de firmar los decretos.

El senador Martín Goerling Lara, presidente de la comisión bicameral, reconoció que el proceso legislativo fue sorpresivo y que faltó difusión. Por su parte, el jefe del bloque UxP, Germán Martínez, denunció que el Congreso se encuentra “militarizado” por los cercos de seguridad y acusó al Gobierno de intentar debilitar el control democrático sobre las fuerzas.

El debate sobre la legalidad de los DNU continuará en agosto, cuando finalice la feria legislativa, y todo indica que se convertirá en uno de los principales ejes de tensión entre el Gobierno y la oposición durante la segunda mitad del año.