Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que se congelen todos los movimientos de dinero y propiedades de los condenados, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Buscan asegurar el cumplimiento del decomiso por más de 684 mil millones de pesos.

Este lunes, el Ministerio Público Fiscal reclamó al Tribunal Oral Federal N.º 2 la implementación de una serie de medidas para garantizar el decomiso de bienes en el marco de la causa Vialidad, por la cual fueron condenados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros exfuncionarios. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que se impidan maniobras de ocultamiento o transferencia de patrimonio por parte de todos los imputados, con el objetivo de asegurar la devolución al Estado de $684.990.350.139,86 —cifra actualizada que equivale a más de 500 millones de dólares— en concepto de perjuicio económico.

Concretamente, los fiscales pidieron extender a todos los condenados las restricciones patrimoniales ya aplicadas a Báez, que le prohíben realizar actos jurídicos que afecten sus bienes. Argumentaron que esta medida es necesaria para «adoptar en tiempo oportuno los recaudos del caso», y evitar que los implicados se deshagan de activos antes de la ejecución judicial.

Uno de los puntos clave del escrito se centra en Claudia Insaurralde, pareja de Báez, a quien se investiga como presunta testaferro. Luciani y Mola pidieron oficios a diversos organismos del Estado para reconstruir el mapa de propiedades, bienes muebles e inmuebles que la mujer haya registrado a su nombre desde 2016. En mayo de 2020, Báez le había otorgado un poder general con amplísimas facultades para actuar en su nombre en cuestiones administrativas, comerciales y legales.

Según documentación a la que accedieron los fiscales, días atrás Insaurralde visitó al empresario en la cárcel de Río Gallegos con el aparente objetivo de que firmara nuevos documentos relacionados con esos bienes. Por ello, los fiscales solicitaron expresamente que, si se vuelve a detectar el uso del poder en esa unidad penitenciaria, las autoridades lo retengan y lo remitan al tribunal como medida preventiva.

La solicitud de los fiscales también alcanza a condenados que gozan del beneficio de prisión domiciliaria, como Cristina Kirchner y Nelson Periotti. La expresidenta, que cumple su condena en su residencia, fue recientemente autorizada por la Justicia a saludar desde el balcón de su casa, un gesto que fue registrado por medios gráficos.

El monto actualizado del decomiso fue determinado por peritos contables de la Corte Suprema de Justicia, que utilizaron los índices de precios al consumidor del INDEC correspondientes a noviembre de 2022 y mayo de 2025. Con el informe finalizado, el tribunal otorgará a los condenados un plazo de 10 días hábiles para devolver el total establecido. En caso de que no lo hagan, se dará inicio a la etapa de ejecución, lo que implicará la subasta pública de los bienes afectados.

Este nuevo paso en la causa busca cerrar el circuito judicial con la restitución de fondos al Estado, luego de años de investigaciones sobre irregularidades en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.