Default 2001 Argentina proyecto ley Milei para cerrar litigio

La gestión de Javier Milei prevé enviar al Congreso una iniciativa para habilitar el pago de fallos firmes en tribunales de Nueva York y avanzar en la resolución de uno de los conflictos pendientes de la deuda.

La administración nacional se prepara para dar un paso clave en la resolución de conflictos judiciales vinculados a la crisis financiera de comienzos de siglo. En este caso, la estrategia apunta a avanzar por la vía legislativa para destrabar un litigio internacional que aún mantiene al país bajo presión en los tribunales extranjeros.

El plan contempla el envío de un proyecto de ley al Congreso que permita ejecutar una sentencia definitiva relacionada con reclamos de acreedores que no habían sido resueltos en procesos anteriores de reestructuración. La medida surge en un contexto en el que las negociaciones entre las partes muestran señales de avance.

Los casos involucran a fondos de inversión que obtuvieron fallos favorables en la justicia de Estados Unidos y que reclaman montos millonarios. Según trascendió, ambas partes informaron a la jueza interviniente que alcanzaron un entendimiento preliminar, lo que llevó a solicitar una pausa en el expediente mientras se ultiman los detalles del acuerdo.

Uno de los puntos más sensibles del conflicto estuvo vinculado al embargo de activos utilizados como garantía de antiguos bonos emitidos por el país. Parte de esos fondos ya había sido retenida, mientras que otro porcentaje permanecía congelado a la espera de una definición sobre su distribución entre los acreedores.

En paralelo, también se había abierto la posibilidad de que los demandantes buscaran cobrar a través de activos estatales, incluyendo participaciones en empresas públicas. Sin embargo, esa alternativa quedó momentáneamente suspendida ante el avance de las negociaciones.

Si bien desde el Gobierno mantienen reserva sobre los detalles del proyecto, la decisión de avanzar con una ley apunta a otorgar respaldo institucional al acuerdo y evitar futuras disputas. La iniciativa se presenta como un paso necesario para cerrar definitivamente uno de los capítulos pendientes del default declarado en 2001.