Amparo contra la reforma de la Ley de Glaciares en La Pampa

El gobierno pampeano acudió a la Justicia federal para cuestionar la nueva normativa y solicitó una medida cautelar que suspenda su vigencia por posibles efectos sobre el agua y el ambiente.

El amparo contra la reforma de la Ley de Glaciares impulsado por La Pampa abrió un nuevo frente judicial en torno a la normativa recientemente aprobada por el Congreso. La presentación busca detener su aplicación mientras se analiza su constitucionalidad.

La acción fue presentada ante el Juzgado Federal de Santa Rosa y cuenta con el acompañamiento de instituciones académicas y organizaciones ambientales. El planteo incluye un pedido de medida cautelar para que la ley no entre en vigencia hasta que exista una resolución de fondo.

El gobernador Sergio Ziliotto confirmó la decisión y advirtió que la modificación del régimen podría afectar derechos vinculados al ambiente, la salud y el acceso al agua. Según sostuvo, la iniciativa contradice principios establecidos en la Constitución Nacional y acuerdos internacionales en materia ambiental.

Uno de los principales ejes del reclamo es el impacto sobre los recursos hídricos. Desde el gobierno provincial remarcaron que, aunque La Pampa no posee glaciares, depende de ríos de origen glacial, como el Colorado, fundamental para el abastecimiento de una parte importante de la población.

En esa línea, la fiscal de Estado, Romina Schmidt, cuestionó el proceso de discusión de la norma y señaló que no se habrían garantizado instancias de participación adecuadas. Además, remarcó que el daño potencial no es hipotético, sino que podría traducirse en consecuencias concretas para la provincia.

El escrito judicial también plantea que la reforma implica un retroceso en materia ambiental, al reducir los niveles de protección vigentes. Por ese motivo, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la ley y que se mantenga el esquema anterior hasta que la Justicia resuelva el caso.

En paralelo, distintas organizaciones ambientalistas comenzaron a impulsar acciones similares a nivel nacional. A través de convocatorias abiertas, buscan sumar adhesiones ciudadanas para ampliar el alcance de los reclamos y trasladar el debate al ámbito judicial.

ph gobierno de La Pampa