La UBA volvió a reclamar al Gobierno la aplicación de la ley de financiamiento universitario

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires ratificó la emergencia presupuestaria y salarial del sistema universitario y pidió al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, al advertir que el presupuesto 2026 no contempla los recursos previstos por esa norma.

La Universidad de Buenos Aires reiteró su reclamo al Ejecutivo nacional para que garantice los fondos establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario. El pedido fue formalizado a través de una resolución aprobada por unanimidad en el Consejo Superior de la institución, que se reunió en la sede del rectorado para analizar la situación económica del sistema.

Las autoridades universitarias señalaron que la aplicación efectiva de la normativa permitiría asegurar los recursos necesarios para sostener las actividades académicas, científicas y asistenciales que desarrolla el sistema universitario público, entre ellas la docencia, la investigación, la extensión y la atención de salud.

La resolución también ratificó la declaración de emergencia presupuestaria y salarial que afecta a docentes, trabajadores nodocentes y profesionales de la salud que se desempeñan en hospitales universitarios. Según indicaron, el escenario actual compromete el funcionamiento de áreas clave vinculadas a la enseñanza, la investigación y la atención médica.

Desde la universidad recordaron que la ley sancionada por el Congreso establece como prioridades la recomposición salarial del personal universitario, el fortalecimiento de las becas estudiantiles, la mejora de la infraestructura educativa y el financiamiento de las tareas académicas.

En ese marco, la institución solicitó a los ministerios de Capital Humano y Economía la actualización urgente de las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento, ajustadas en función de la inflación.

El reclamo pone especial énfasis en el área de salud, ya que la UBA administra una red de hospitales e institutos universitarios, además de seis centros de alta complejidad que cumplen funciones asistenciales y formativas. Estos establecimientos funcionan como hospitales escuela donde se forman profesionales, se desarrollan residencias médicas y se realizan investigaciones científicas.

Las autoridades universitarias remarcaron además la importancia del sistema público de educación superior en la formación de profesionales estratégicos para el país. Según datos oficiales, las universidades nacionales gradúan cerca del 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios de la Argentina.

El reclamo se inscribe en el conflicto que mantienen el Gobierno y las universidades por el financiamiento del sector. Aunque el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó el veto presidencial, el Ejecutivo decidió promulgar la norma sin asignar recursos presupuestarios específicos para su implementación.

Desde el Gobierno sostienen que la ley no establece de manera clara las fuentes de financiamiento y que su aplicación implicaría un impacto significativo en las cuentas públicas.

La disputa también llegó al ámbito judicial. El juez federal Martín Cormick ordenó suspender el decreto que había dejado sin efecto la aplicación de la ley y dispuso que el Ejecutivo debe avanzar con las actualizaciones salariales y de becas previstas en la normativa.

Mientras continúa ese frente judicial, el Gobierno presentó en el Congreso un nuevo proyecto para modificar el esquema de financiamiento universitario, con el objetivo de establecer un sistema de partidas para funcionamiento, hospitales universitarios y becas con ajustes vinculados al índice de inflación.