El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió un análisis exhaustivo de la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y de su esposa antes de definir si corresponde exigir explicaciones formales sobre un posible desbalance en sus bienes.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo avance judicial. Antes de resolver si solicitará una justificación formal de su patrimonio, el fiscal Gerardo Pollicita pidió la elaboración de un informe técnico que reconstruya en detalle la situación económica del funcionario y de su pareja, Bettina Julieta Angeletti.

La tarea fue encomendada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), organismo que deberá analizar la evolución patrimonial desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. El objetivo es determinar si existe un incremento patrimonial que no pueda ser explicado con los ingresos declarados.

El requerimiento dispone un estudio integral que incluya bienes, ingresos, inversiones, disponibilidades, créditos, deudas, gastos y movimientos financieros. Además, la DAFI deberá identificar posibles inconsistencias, diferenciando aquellas operaciones que cuenten con respaldo documental de las que presenten información insuficiente o requieran aclaraciones adicionales.

Entre los aspectos que serán revisados figura la reconstrucción anual del patrimonio de Adorni y de su esposa, tanto de manera individual como del grupo familiar en conjunto. El análisis también abarcará las distintas fuentes de ingresos, las transferencias bancarias, préstamos, ventas de activos, movimientos entre cuentas propias y cualquier acreditación cuyo origen no pueda verificarse con la documentación incorporada al expediente.

Otro de los ejes de la investigación será la reconstrucción de todos los ingresos y egresos de dinero durante el período bajo análisis. El informe deberá contemplar compras de bienes, gastos corrientes y extraordinarios, consumos, cancelación de deudas y pagos realizados tanto en efectivo como en moneda extranjera, evitando contabilizar dos veces operaciones internas como transferencias entre cuentas o conversiones de divisas.

El fiscal también ordenó comparar las declaraciones juradas presentadas por el funcionario y sus eventuales rectificaciones para establecer si existieron modificaciones en la composición o valuación de sus activos y pasivos. En caso de detectarse cambios, deberán verificarse con el resto de las pruebas reunidas durante la investigación.

Uno de los puntos considerados más sensibles del expediente corresponde a las operaciones con criptomonedas. La DAFI deberá reconstruir la actividad vinculada con activos virtuales, incluyendo depósitos, retiros, compras, ventas, transferencias y movimientos entre billeteras digitales y plataformas de intercambio. Ese análisis buscará establecer si las operaciones guardan relación con la información declarada oficialmente y con los antecedentes fiscales y bancarios disponibles.

La investigación también revisará la incorporación de bienes y las fuentes utilizadas para financiarlos. Para ello se analizarán préstamos, mutuos y demás mecanismos de financiamiento con el fin de comprobar si la capacidad económica declarada resulta compatible con las operaciones realizadas.

Como cierre del informe, la DAFI deberá elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada que permita comparar los ingresos acreditados con la evolución de los bienes, gastos y obligaciones. Ese estudio será determinante para establecer si existen diferencias patrimoniales que deban ser justificadas por el jefe de Gabinete en el marco de la causa judicial.