El Gobierno nacional encendió las alarmas tras detectar un acceso no autorizado a los datos personales de casi 13.000 personas vinculadas a la aplicación Mi Argentina. Aseguran que no se comprometieron las bases oficiales, aunque ya se inició una investigación a cargo de la Agencia Federal de Ciberseguridad.

En las últimas horas, el Ejecutivo nacional confirmó que se produjo un hackeo que afectó de forma directa a 12.976 usuarios de la plataforma Mi Argentina, la aplicación oficial mediante la cual los ciudadanos acceden a documentación digital y trámites del Estado. Ante esta situación, se procedió al blanqueo inmediato de las contraseñas y se notificó a los perfiles involucrados.

Desde la Casa Rosada aseguraron que el ataque no alcanzó los sistemas internos ni las bases de datos administradas por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, sino que se trató de una vulneración externa que impactó de forma individual, especialmente sobre adultos mayores. También se detectaron incidentes similares en cuentas bancarias y servicios de medicina prepaga.

Las áreas técnicas del Gobierno ya tenían conocimiento de la circulación de una base con datos sensibles —como DNI, domicilios, correos electrónicos y nacionalidad— que fue publicada en sitios donde se comercializa información sustraída de manera ilegal. Por esta razón, la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), dependiente de la SIDE, quedó a cargo de la investigación.

Desde el oficialismo advirtieron que estos episodios reflejan el deterioro estructural en materia de seguridad informática heredado de gestiones anteriores y reiteraron la necesidad urgente de reforzar la inversión en ciberdefensa. En diciembre del año pasado, ya se había registrado un ataque contra la web de Mi Argentina que interrumpió su funcionamiento durante una hora.

Mi Argentina funciona como el perfil digital de cada ciudadano, permitiendo el acceso a documentación como el DNI, la licencia de conducir, el seguro del vehículo, credenciales médicas, turnos y certificados, entre otros servicios. A raíz del incidente, se volvió a poner en debate el nivel de resguardo de los datos personales que maneja el Estado en el entorno digital.