El tribunal que supervisa la condena de la expresidenta determinó que solo familiares y profesionales previamente autorizados podrán ingresar libremente a su domicilio. El resto de las visitas deberá contar con aprobación judicial.

El Tribunal Oral Federal Nº 2 rechazó este lunes el pedido de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para recibir visitas sin restricciones en su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria tras ser condenada en la causa Vialidad.

La decisión establece que solo las personas incluidas en una lista autorizada —integrada por familiares, personal de custodia, médicos y abogados— pueden acceder al domicilio sin necesidad de permiso judicial. Cualquier otra visita deberá ser solicitada y justificada por escrito ante la Justicia.

Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían presentado una apelación contra esta limitación. En su presentación, señalaron que la lista excluye a profesionales contables, apoderados, peritos y asesores que asisten a la expresidenta en diversas actividades cotidianas y jurídicas, quienes deberían tener acceso sin necesidad de autorización previa.

Además, la defensa argumentó que se debería permitir la visita de personas con vínculos de amistad y afecto, ya que constituyen una parte importante de la vida personal de la expresidenta. También resaltaron su rol como principal líder opositora y máxima dirigente del Partido Justicialista, sosteniendo que en un sistema democrático no debería restringirse su derecho a mantener contacto con otros dirigentes políticos, tanto nacionales como internacionales.

En este contexto, destacaron la relevancia de permitir encuentros con líderes extranjeros, como el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien planea visitar Argentina para participar de la cumbre del Mercosur entre el 2 y 3 de julio y tiene previsto reunirse con Cristina Kirchner. La defensa consideró poco razonable que estas reuniones dependan de autorizaciones judiciales previas.

Por ahora, la Justicia mantiene las restricciones vigentes, enfatizando la necesidad de controlar el acceso al domicilio donde la expresidenta cumple la condena de seis años de prisión, confirmada recientemente por la Corte Suprema de Justicia.