Salta implementó el narcotest obligatorio para funcionarios públicos mediante un DNU

PH: NA

El gobernador Gustavo Sáenz dispuso exámenes toxicológicos sorpresivos para funcionarios de los tres poderes del Estado y advirtió que el incumplimiento o un resultado positivo podrá derivar en la remoción del cargo.

El Gobierno de Salta avanzó con la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos provinciales a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el gobernador Gustavo Sáenz. La medida alcanza a autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como también a funcionarios municipales, y apunta a reforzar criterios de idoneidad y ética en el ejercicio de la función pública.

El decreto establece la realización de controles sorpresivos destinados a detectar el consumo de sustancias psicoactivas, entre ellas opioides, cannabinoides, cocaína y anfetaminas. Ante un resultado positivo, se activarán los mecanismos correspondientes para la remoción del cargo, que podrán incluir desde procesos de juicio político hasta la destitución directa, según el tipo de función y la forma de designación del funcionario involucrado.

La decisión fue adoptada luego de que un proyecto de ley con características similares no prosperara en la Legislatura provincial. En ese contexto, Sáenz sostuvo que la aplicación del narcotest no constituye una sugerencia, sino una obligación formal para quienes ocupan cargos públicos. El mandatario afirmó que se trata de una medida de transparencia y subrayó la necesidad de garantizar que las decisiones públicas sean tomadas por personas en pleno uso de sus facultades.

La iniciativa recibió el respaldo de la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo, quien consideró que la implementación del narcotest representa un avance significativo en materia de control y ética pública, al evitar que el consumo de sustancias pueda afectar la responsabilidad y el desempeño de los funcionarios.

En cuanto al procedimiento, los controles se realizarán mediante test rápidos homologados y de manera sorpresiva. En caso de un resultado positivo, se llevará a cabo un análisis confirmatorio en laboratorios habilitados, respetando la cadena de custodia y el derecho a defensa, incluida la posibilidad de solicitar una contraprueba.

El decreto detalla además las consecuencias según la situación funcional de cada autoridad. Para funcionarios electivos o magistrados con estabilidad, un resultado positivo dará lugar a los mecanismos constitucionales de remoción, como el juicio político o el jurado de enjuiciamiento. En el caso de funcionarios designados, el resultado adverso será causal directa de destitución.

Con esta decisión, Salta se suma a otras provincias que ya avanzaron con normativas similares. San Luis implementó el narcotest obligatorio en 2025, Santa Fe lo hizo en 2026 y Córdoba cuenta desde 2023 con regulaciones que exigen certificados negativos de consumo de drogas para funcionarios electos y designados, ampliadas posteriormente a cargos jerárquicos del Ejecutivo provincial.