A través del decreto 415/2025, el Ejecutivo disolvió los fideicomisos destinados al subsidio del gas en garrafas y a obras viales bajo participación público-privada. La medida responde al compromiso asumido con el FMI y busca reducir el gasto público.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles, mediante el decreto 415/2025 publicado en el Boletín Oficial, la eliminación de dos fondos fiduciarios que hasta el año pasado movilizaban más de $280.000 millones: el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP (gas en garrafas) y el Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras (PPP RARS). Esta decisión se enmarca en el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, que exige la disolución de todos los fideicomisos públicos antes de fin de 2025, salvo excepciones puntuales como el que financia el gas por redes en zonas frías.

Durante 2024, el fondo destinado a subsidiar el consumo residencial de GLP tuvo ingresos por $205.333 millones y egresos por $377.021 millones. Según auditorías realizadas por la SIGEN, su operatoria presentaba severas deficiencias administrativas, entre ellas la ausencia de manuales de procedimiento, reglamentos internos y sistemas informáticos adecuados. Aunque el fideicomiso fue eliminado, se confirmó que el Programa Hogar —que subsidia directamente a usuarios y productores— continuará funcionando bajo la órbita de la Secretaría de Energía, con ANSES a cargo de los pagos.

Por su parte, el fideicomiso PPP RARS —creado en 2018 para financiar infraestructura vial mediante contratos de participación público-privada— registró en 2024 ingresos por $82.387 millones y gastos por $3.042 millones. Sin embargo, tras la cancelación de los contratos PPP en 2020, su única función pasó a ser el pago de los Títulos de Pago por Inversión (TPI). Con la nueva medida, el Ministerio de Economía deberá celebrar un contrato con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que asumirá el rol de agente de pago para completar la liquidación de obligaciones pendientes.

El decreto aclara que seguirán vigentes las funciones de los fiduciarios durante el proceso de disolución, a fin de garantizar el cumplimiento de compromisos, la recolección de información y la correcta administración de los bienes involucrados. Con esta medida, el Ejecutivo profundiza su estrategia de recorte estatal, apuntando a reducir estructuras intermedias y optimizar la asignación de recursos.