PH: Juan Vargas

El expresidente quedó ratificado como procesado por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. El Tribunal de Apelaciones sostuvo que existió un direccionamiento en favor de intermediarios vinculados a su entorno. También quedaron firmes los procesamientos y embargos de otros implicados.

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Alberto Fernández en la causa que investiga supuestas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión. El expresidente está acusado de los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de convenios gestionados a través del Banco Nación y Nación Seguros con la participación de brokers cercanos a su entorno.

En la resolución, los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico sostuvieron que la investigación logró acreditar indicios suficientes de un direccionamiento para beneficiar a determinados intermediarios. Según el fallo, el eje de la maniobra habría sido la influencia ejercida por Fernández, a través de su entonces secretaria María Cantero, para orientar contratos y gestiones dentro del organismo asegurador.

El Tribunal señaló que la operatoria contó con la intervención de integrantes del directorio y áreas comerciales de Nación Seguros, así como con la participación de productores vinculados a la organización de Héctor Martínez Sosa. De acuerdo con los jueces, la concentración de pólizas estatales en Nación Seguros tras un decreto firmado por Fernández generó un aumento significativo del volumen de negocios disponibles, que habría sido aprovechado en beneficio de los intermediarios señalados.

Los camaristas también ratificaron los procesamientos, embargos y la prohibición de salida del país de Martínez Sosa, de Cantero y de otros funcionarios acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su análisis, remarcaron que existen elementos que muestran la intervención directa del expresidente para sostener operaciones cuestionadas, lo que quedó reflejado en comunicaciones incorporadas a la causa y en las decisiones adoptadas dentro del organismo.

El fallo concluye que las acciones atribuidas a Fernández implicaron un uso indebido de su cargo y una influencia determinante en la elección de intermediarios y en la fijación de condiciones dentro del esquema de seguros estatales. Con esta confirmación, la causa continuará hacia las próximas instancias procesales mientras se profundiza la investigación sobre la estructura de presuntas irregularidades.