A través de la Resolución 37/2025, el Ejecutivo Nacional derogó 973 disposiciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) con el fin de reducir la intervención estatal en el proceso productivo del vino y simplificar los controles. El organismo solo fiscalizará los productos embotellados listos para el consumo.
El Gobierno oficializó este viernes la eliminación de 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) mediante la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca modernizar el sistema de control vitivinícola, dejando atrás el modelo en el que el Estado supervisaba cada etapa del proceso productivo.
Con el nuevo esquema, el INV dejará de intervenir en fases intermedias como la cosecha, la elaboración y el transporte del vino, y se enfocará exclusivamente en garantizar la calidad de los productos embotellados destinados al consumo. Los controles de trazabilidad —como la certificación de origen o varietal— pasarán a ser voluntarios y estarán a cargo de los propios productores o de entidades privadas.
Sturzenegger defendió la decisión al señalar que “menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción”, y recordó que durante 2024 el organismo emitió más de 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones, un nivel de control que calificó como “excesivo”. El funcionario sostuvo que al eliminar fiscalizaciones intermedias, los inspectores se limitarán a tomar muestras de productos terminados para su análisis, evitando la discrecionalidad administrativa.
El ministro subrayó además que la iniciativa da mayor libertad a las bodegas para adaptarse a los cambios del mercado global, en un contexto donde el consumo de vino tradicional está en descenso y crecen nuevas tendencias como el vino sin alcohol. “¿Por qué tratar a las bodegas como delincuentes? Ya bastantes dificultades tiene el negocio para que el Estado las complique más”, expresó Sturzenegger al presentar la reforma, que busca dotar de agilidad y competitividad a toda la cadena vitivinícola, desde los viñedos hasta las exportaciones.
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