El Gobierno impulsa una reforma laboral que vinculará los salarios al desempeño individual

Durante el debate del Presupuesto 2026 en Diputados, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, confirmó que el Ejecutivo prepara un proyecto de reforma laboral que premiará el rendimiento y la productividad de los empleados. La iniciativa generó fuertes críticas de la oposición, que cuestionó la caída del salario mínimo y alertó sobre una posible pérdida de derechos laborales.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, expuso ante la Comisión de Presupuesto que preside Alberto “Bertie” Benegas Lynch, en el marco del debate del proyecto de Presupuesto 2026. Allí, el funcionario ratificó que el Gobierno trabaja en una reforma laboral que se enmarca dentro del Pacto de Mayo y que será enviada próximamente al Congreso.

Cordero aseguró que el propósito de la reforma es “lograr que la Argentina pueda producir y trabajar”, al tiempo que destacó la necesidad de “mantener el equilibrio fiscal”. Sostuvo que el trabajo “no es un elemento más de la sociedad, sino que tiene una dimensión económica central”, y que proteger al sector privado resulta clave para generar empleo genuino.

Entre los cambios previstos, adelantó la creación de un esquema de incrementos salariales dinámicos que reconozca el mérito y el desempeño individual. “Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se destaquen. Queremos que los salarios reflejen ese diferencial, porque si todo es igual, se termina apuntando hacia abajo”, explicó.

El funcionario agregó que desde hace dos meses se avanza en este plan y que el contexto de inflación en baja permite repensar las negociaciones paritarias. Además, recordó que el conjunto de reformas estructurales será presentado el 15 de diciembre, según confirmó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, durante su propia exposición en el Congreso.

Críticas de la oposición

El anuncio provocó un amplio rechazo en la oposición. Sergio Palazzo, diputado de Unión por la Patria (UxP) y secretario general de La Bancaria, cuestionó la política salarial del Gobierno y afirmó que el salario mínimo cayó un 34% y solo cubre el 27% de la canasta básica. También advirtió sobre la falta de sanciones a las empresas que no registran a sus empleados, lo que —según dijo— agrava la informalidad.

Su compañera de bancada, Vanesa Siley, integrante del sindicato de trabajadores judiciales, criticó que Cordero “no respondió a las preguntas sobre cómo generarán empleo genuino quitando derechos laborales”, y recordó que en reformas anteriores “la informalidad subió del 41% al 43%, con más de 200 mil puestos menos en el sector privado y 55 mil en el público”.

Desde el Frente de Izquierda, Vilma Ripoll y Juan Carlos Giordano calificaron la propuesta como una “reforma laboral pro patronal” y la compararon con la aplicada en los años noventa durante el gobierno de Carlos Menem, cuando —dijeron— “se remataron empresas públicas y se precarizó el trabajo”.

Por su parte, Rodrigo de Loredo, de la UCR, recordó que su espacio impulsó proyectos de democratización sindical y remarcó que sin un cambio en el modelo económico “ninguna ley resolverá el problema del empleo”.

Tensiones políticas y reclamos judiciales

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a los bloques de la oposición a continuar el diálogo con el oficialismo luego de las elecciones del 26 de octubre. Se prevé una nueva reunión el 30 de octubre para acercar posiciones sobre el Presupuesto 2026, aunque la oposición busca mantener el calendario original y emitir dictamen el 4 de noviembre.

En paralelo, los legisladores exigieron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y reclamaron la aplicación de tres leyes sancionadas y promulgadas pero suspendidas por decreto: la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial Docente, y la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica.

El diputado Juan Brügge, de Encuentro Federal, presentó un proyecto para que la Cámara Baja lleve el caso a la Corte Suprema, al considerar que los decretos 681/2025, 759/2025 y 760/2025 son inconstitucionales. Según explicó, esas normas “atentan contra la soberanía popular expresada en el Parlamento”, ya que condicionan la vigencia de las leyes a la disponibilidad de fondos.

La discusión por la reforma laboral y la aplicación de las leyes aprobadas promete profundizar el debate entre oficialismo y oposición, en un contexto político y económico atravesado por la búsqueda de acuerdos y el desafío de reactivar el empleo formal en la Argentina.