Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto, los secretarios Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña anunciaron que el Ejecutivo presentará el 15 de diciembre un nuevo paquete de reformas estructurales. La oposición cuestionó la suspensión de leyes sancionadas, advirtió sobre un conflicto de poderes y anticipó una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
En medio del debate por el Presupuesto 2026, el Gobierno nacional confirmó que el próximo 15 de diciembre, una vez renovado el Congreso, enviará la “Ley de Bases 2”, un nuevo paquete de reformas estructurales. El anuncio fue realizado este martes por los secretarios de Desregulación, Alejandro Cacace, y de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El encuentro se desarrolló en un contexto de fuertes cruces entre oficialismo y oposición, luego de que el Ejecutivo promulgara y al mismo tiempo suspendiera la aplicación de las leyes de Financiamiento Universitario y del Hospital Garrahan, medidas que fueron publicadas esa mañana en el Boletín Oficial.
Desde Unión por la Patria (UxP), el jefe del bloque Germán Martínez calificó la decisión como “totalmente inconstitucional” y sostuvo que el Gobierno aplica un “nuevo estilo de promulgación” que supedita la vigencia de las leyes a la voluntad del Poder Ejecutivo. Recordó además los antecedentes de la Emergencia en Discapacidad, la Emergencia Pediátrica del Garrahan y la Emergencia Universitaria, todas normas aprobadas por amplias mayorías e insistidas por el Congreso tras los vetos del presidente Javier Milei.
Martínez advirtió que esta situación “recarga la mirada” sobre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuya función —remarcó— es hacer operativas las leyes sancionadas con las herramientas que le otorga la Ley de Administración Financiera. En ese sentido, adelantó que la bancada de UxP sumará dos elementos nuevos a la moción de censura contra el funcionario: las leyes de Financiamiento Universitario y del Hospital Garrahan. Además, confirmó que el 4 de noviembre buscarán firmar los dictámenes correspondientes.
El debate también estuvo atravesado por el reclamo opositor a una reunión informal celebrada el lunes en la Presidencia de Diputados, encabezada por Martín Menem, para discutir el presupuesto sin la participación de todos los bloques. Legisladores del Frente de Izquierda, entre ellos Christian Castillo, Juan Carlos Giordano y Mercedes de Mendieta, denunciaron que su espacio no fue invitado y reafirmaron que “no vamos a acompañar este presupuesto del Gobierno y del FMI”.
Desde el oficialismo, el diputado Julio Moreno Ovalle defendió la postura de la Casa Rosada y aseguró que “se mantendrá el superávit fiscal”. Por su parte, el presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, calificó la reunión en Diputados como “productiva”. En la misma línea, la diputada del PRO Germana Figueroa Casas aclaró que “no hubo nada oculto” y que fue “una reunión con total normalidad”.
En contraste, Nicolás Massot (Encuentro Federal) sostuvo que “la reunión de ayer fue muy mala” y acusó al Ejecutivo de actuar con “la misma arrogancia de siempre”. Aunque coincidió en la importancia del equilibrio fiscal, advirtió que “no se pueden violar leyes aprobadas por mayorías abrumadoras”. Pidió, además, la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Congreso, y subrayó que con la publicación en el Boletín Oficial “se genera un conflicto de poderes”.
Martínez, por su parte, afirmó que su bloque fue invitado al encuentro del lunes pero decidió no asistir, al considerar que el debate debe darse formalmente en el marco de la Comisión de Presupuesto. “Hay un conflicto entre poderes”, señaló, y planteó la necesidad de “empoderar al Congreso” para evitar que la definición recaiga en “una Corte Suprema claramente deficiente” o en decisiones unilaterales del Ejecutivo.
En la misma línea, desde la UCR, el diputado Rodrigo de Loredo advirtió que “es un error grave no implementar las leyes sancionadas”, ya que coloca al Parlamento “en una situación de conflicto institucional con el Poder Ejecutivo”.
A lo largo del encuentro, Cacace defendió la política de desregulación y explicó que el objetivo es “eliminar privilegios y barreras de acceso en los mercados”. Afirmó que durante décadas “se construyó un poder corporativo que convirtió al Estado en un instrumento de concentración económica, afectando la libre competencia”.
El funcionario enumeró los diez ejes que conformarán la nueva Ley de Bases 2: defensa de la propiedad privada, equilibrio fiscal innegociable, reducción del gasto público hasta el 25% del PBI, reforma tributaria, modernización educativa en los niveles inicial, primario y secundario, revisión del régimen de coparticipación, explotación de recursos naturales, reforma laboral, reforma previsional y apertura del comercio internacional.
Según precisó, estos principios fueron suscriptos por 18 gobernadores y se discuten actualmente en el Consejo de Mayo. Además, invitó a todos los bloques a “trabajar juntos” en el texto final que será presentado en diciembre.
El debate del Presupuesto continuará este miércoles a las 10, con la exposición del secretario de Trabajo, Julio Cordero, ante la Comisión.
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